La cultura de la solidaridad y la oferta pública de empleo

El anteproyecto de ley de Servicios Sociales concede especial impotancia a lo que se ha llamado cultura de la solidaridad: el trabajo del voluntariado, que se ha desarrollado espectacularmente en los últimos cinco años con el crecimiento de las organizaciones no gubernamentales.El impulso que ha tenido ese movimiento ciudadano estuvo acompañado en un primer momento por el recelo de las organizaciones sindicales ante el temor de que se utilizase a voluntarios para tareas laborales. En este sentido, la Consejería que dirige Rosa Posada especifica en el borrador que ha elaborado que "en ningún caso las actividades llevadas a cabo por el voluntariado social podrán revestir carácter de relación laboral, mercantil o cualquier otra retribuida, ni podrán suponer reducción de la oferta de empleo público". En la región hay más de 500.000 personas que participan alguna vez al año en tareas de voluntariado.

Tras esa matización sobre el empleo público, el texto concede, en el artículo siguiente, que las entidades sin ánimo de lucro tendrán "preferencia en la concertación con el Sistema Público de Servicios Sociales, siempre que ofrezcan análogas condiciones de calidad".

En el caso de que los centros concertados (sean empresas privadas o asociaciones sin ánimo de lucro) no cumplan los requisitos marcados por la Comunidad, las posibles sanciones abarcan desde el cierre del centro a un abanico de multas que oscila de 100 millones (infracciones muy graves) a 500.000 pesetas (sí las irregularidades detectadas son leves).

El interés del PP por el voluntariado se pone también de manifiesto en el punto dónde se recoge el compromiso de la Comunidad de impulsar "la creación de este este tipo de entidades", participando "en la financiación de los costes de mantenimiento de las mismas".