Universidad y finanzas

A comienzos del nuevo curso académico la universidad española y andaluza se encuentra envuelta en un serio debate sobre su financiación. Por una parte se encuentra la propuesta del ministerio de que las becas pasen a ser gestionadas por las comunidades autónomas. Desde la reforma universitaria ha existido un consenso generalizado de que las becas constituyen el instrumento básico de retribución del sistema, por lo que han de ser financiadas, gestionadas y reguladas por la Administración central y no parece muy afortunado defender lo contrario hoy. Sería absurdo y a la vez injusto que los criterios de apoyo económico a los estudiantes con escasos recursos fuesen distintos según el territorio y que la cuantía de las becas dependiese de la capacidad de generar recursos que tuviese cada comunidad autónoma. De hecho, sería algo similar a romper la caja única de la Seguridad Social, así que mejor que nos quedemos como estamos. En segundo lugar está la cuestión de las familias numerosas. El ministerio aprobó la reducción del número de hijos considerado para ser familia numerosa y ello ha llevado a que las universidades reduzcan sus ingresos por tasas. Como siempre, resulta fácil tirar con pólvora ajena, así que tienen mucha razón los rectores al reclamar del ministerio que se les compense por una medida política, tomada al margen de la universidad, que repercute negativamente en sus recursos. Finalmente, está la propuesta de la Consejería de Educación de la Junta sobre la posibilidad de que las tasas académicas sean establecidas por cada universidad. Ciertamente la autonomía en el gasto de la universidad no está compensada con una autonomía real en el ingreso y eso hace que la Administración autonómica sea un escudo defensor de la posible mala gestión de determinados rectorados. La autonomía debe intentar ser simétrica en gastos e ingresos, pero ello no debe provocar discriminación entre los andaluces, de ahí que cualquier reforma en este aspecto deba ser estudiada en profundidad antes de ser decidida, para evitar efectos redistributivos perversos.