Declaración oportuna

Tras la Declaración de Barcelona y el "documento de trabajo" anejo a la misma, en el que los partidos nacionalistas reclamaban la organización confederal del Estado, tras la nueva reunión de tales partidos nacionalistas en Bilbao coincidiendo con la declaración de tregua de ETA y la firma del Documento de Estella, ¿hubiera podido entender alguien que el presidente de la comunidad autónoma con mayor población y que más influencia ha tenido en la construcción del Estado de las Autonomías hubiera permanecido en silencio? Un presidente de una comunidad autónoma accede a dicha condición como consecuencia de que figura como candidato en la lista de un partido político, pero, una vez elegido, es el presidente de todos los ciudadanos de dicha comunidad, tanto si le han votado como si no.En consecuencia, su actuación como presidente debe mantener una conexión con la política general que define el partido al que pertenece, pero no puede reducirse a ello. Como presidente tiene que hacer oír su voz cada vez que hay alguna circunstancia políticamente relevante que pueda afectar al conjunto de la comunidad que preside. La voz del partido no puede ser nunca una excusa para que el presidente no haga oír la suya. Resulta difícil pensar alguna circunstancia que justifique más una declaración de un presidente de una comunidad autónoma que la coyuntura en que nos encontramos respecto de la estructura del Estado. Es el tema central de la vida política en estos momentos y todo apunta a que va a continuar siéndolo en el futuro próximo y hasta es posible que no sólo en el próximo. No creo, en consecuencia, que se pueda formular ningún reproche a que el presidente de la Junta de Andalucía haya hecho oír su voz con la Declaración de Mérida. De hacérsele alguno, yo le haría el que ha tardado algo más de lo que debería haber tardado en hacer oír su voz. La reacción se debería haber producido inmediatamente después de que se hiciera pública la Declaración de Barcelona. No se debía haber dejado pasar tanto tiempo. Y debería haberse reaccionado inmediatamente desde Andalucía. Tal vez debería haberse convocado una sesión extraordinaria del Parlamento de Andalucía para que los distintos partidos hubieran tenido ocasión de fijar su posición respecto de la propuesta de reforma avanzada por los nacionalistas y, si hubiera sido posible, adoptar una resolución conjunta de defensa del modelo de estructura del Estado definida por la Constitución y los estatutos de autonomía. En todo caso, creo que desde Andalucía se debería tomar buena nota de lo que ha ocurrido en el inicio de este curso político y no bajar la guardia ante nuevas posibles iniciativas de revisión de la estructura del Estado. Andalucía tiene que reclamar su sitio en cualquier discusión en este terreno.