El árbol de la discordia

La polémica por el árbol de las apariciones de El Escorial ha llegado a los tribunales. Dos empresas se disputan ante el juez la propiedad de la finca donde crece el fresno que supuestamente visita la Virgen de los Dolores. La sociedad Proherco ha denunciado a la familia Leyún, la propietaria original de los terrenos, por una supuesta doble venta de la parcela. Proherco argumenta que la familia Leyún le vendió la finca a cambio del 20% de los pisos que se construyesen.Proherco reconoce que no inscribió la finca en el registro de la propiedad. Pero la familia Leyún revendió la parcela (por 840 millones) a la Fundación Virgen de los Dolores, donde se agrupan las personas que creen que cada primer sábado de mes la Virgen se aparece en el fresno. La Fundación sí que registró la finca como suya.

A la finca donde crece el árbol de las apariciones se la conoce como Prado Nuevo. Su extensión es de 72 hectáreas, de las que 3,5 son edificables. Un convenio urbanístico firmado en diciembre de 1993 por el anterior equipo de gobierno socialista con los primeros propietarios del suelo, la familia Leyún, dividía la finca en dos parcelas: la ya citada como edificable (35.000 metros) en la que se puede construir 400 viviendas, y una segunda, de 68,5 hectáreas, que pasaría a ser de propiedad municipal, según el citado acuerdo.

La empresa Proherco, según afirma su representante, Juan José Arias, le compró a la familia Leyún la finca sujeta al convenio firmado con el Ayuntamiento en noviembre de 1994. Proherco compró con la intención de urbanizar el terreno y vender las casas. "Pero ése era un mal momento en el mercado inmobiliario y decidimos esperar un poco para invertir en la urbanización de la zona para la posterior venta de los pisos", señaló Arias. "La familia Leyún no puede vender la finca a la fundación porque no es de su propiedad", asegura Arias.

En el contrato de compraventa de la finca, firmado por representantes de la familia Leyún y de Proherco, se lee: "... que los propietarios comparecientes [los representantes de la familia Leyún]" transmiten la finca "a la compradora Proherco, que la adquiere libre de cargas, arrendatarios u ocupantes, en su actual estado y para desarrollar en ella la promoción inmobiliaria resultante del convenio [el firmado con el Ayuntamiento]".

José Luis Ara Leyún asegura que su familia "no vendió nunca la finca porque estaba sujeta a un acuerdo municipal que no se ejecutó. Además se trata de un contrato por prestación de servicios, no de compraventa". Sus abogados añaden que "los tribunales pondrán a cada uno en su sitio" y defienden "la total legalidad" de la operación.