El pleno de la Diputación de Sevilla se "politiza" por las ayudas a los lodos

La Diputación Provincial de Sevilla aprobó ayer, con la abstención de IU y PP, el plan de Inversiones para 1999 en una sesión plenaria que transcurría como la seda hasta que el portavoz de los populares, Jesús Calderón, alcalde de Pilas, pidió la dimisión del socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ex alcalde de La Roda de Andalucía, por haber votado en la comisión del AEPSA -el antiguo PER- contra ayudas a 10 municipios afectados por los vertidos tóxicos del río Guadiamar.

No eran Aznar contra Borrell ni Rajoy contra Almunia. El alcalde de Pilas y el ex alcalde de La Roda de Andalucía se enzarzaron en una agria polémica que empañó la unanimidad de los cuatro grupos en la petición de que el oleoducto Rota-Zaragoza modifique su trazado en su paso por Écija, o en la denuncia del "tercermundismo" y sexismo de los empresarios del aderezo, envasado y relleno de la aceituna de mesa. El pleno aprobó una comisión informativa de la Mujer que probablemente presida un hombre. De los 31 miembros de la Diputación, 29 son varones. IU rechazó la invitación a que su diputada Encarna Velázquez la presida. El PSOE descarta que la presida la andalucista María del Mar Calderón. El destinatario de la solicitud de dimisión, Rodríguez Villalobos, acusó al diputado del PP Jesús Calderón de erigirse en "portavoz" de los municipios afectados por los lodos cuando Pilas, donde es alcalde, sólo tiene 10 hectáreas afectadas. "No tiene 10, tiene menos", replicó Calderón, "los criterios de los fondos no son en base a las hectáreas, sino al número de cartillas agrícolas, y en Pilas hay 2.300". Durante el pleno, trabajadores del OPAEF (Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal) desplegaron una pancarta criticando la presencia de la iniciativa privada. Bancos, constructoras y hasta empresas automovilísticas llaman a las puertas de los Ayuntamientos, les ofrecen adelanto de dinero a cambio de asumir los servicios. "Lebrija está hipotecada para 30 años, en Marchena puede ocurrir lo mismo y en Alcalá de Guadaira hay seis denuncias de particulares por la cesión a una empresa privada de sus datos", dice un empleado de dicho organismo.