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Alicante modifica su urbanismo y el plan especial del Benacantil para construir el Palacio de Congresos

Con la abstención en bloque de los partidos de la oposición, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del PP, aprobó ayer someter a exposición pública las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Especial del Monte Benacantil necesarias para la construcción del futuro Palacio de Congresos, de acuerdo al proyecto del arquitecto Juan Antonio García Solera, que cuenta con todos los parabienes de la Generalitat y una fuerte oposición ciudadana. Superado el plazo de un mes en el que entidades y particulares podrán objetar sobre el proyecto, el PP anunció que aprobará la actuación en pleno para que las obras puedan comenzar en enero. La comisión de trabajo que debatió ayer las modificaciones del planeamiento de la ciudad y su monte más emblemático no estuvo exenta de polémica. Los representantes de la oposición, integrada por el PSPV, EU y NE, exigieron al PP que tomara en cuenta los informes técnicos negativos a la construcción del Palacio de Congresos en el Benacantil. Los expertos municipales aseguran que una dotación para celebrar congresos requiere unas necesidades de volumen claramente incompatibles con el paraje escogido. "El palacio no cabe físicamente en ese lugar", insistieron. La oposición hizo suyos los argumentos de la platatorma cívica Salvem el Benacantil, que exige la celebración de una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan. Los integrantes de esa plataforma, y también los partidos de izquierda, insisten en que las dimensiones del palacio afectarán de forma negativa a un un enclave de alto valor paisajístico y cultural. Voto de silencio En la misma reunión, el PP sacó adelante el plan especial que delimita el área de reserva diseñada por el Consell para expropiar suelo sobre el que construirá el complejo lúdico de la Ciudad de la Luz, también con la abstención de la oposición, que anunció su decisión de no participar en ninguna votación referida a este tema hasta que se conozca el proyecto, hasta ahora una incógnita salvo para sus principales promotores: el presidente Eduardo Zaplana y el alcalde, Luis Díaz Alperi. En esta ocasión, el debate aumentó de tono dadas las especiales connotaciones sociales que acarreará el proyecto, con la expropiación forzosa de propiedades a unas 60 familias residentes o propietarias de negocios en el área de reserva, que se extiende desde la Sierra Colmenares hasta el mar.

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