EEUU viola de forma grave los derechos humanos, según Amnistía

La nación que predica la democracia al resto del mundo adopta en su interior "una conducta persistente y generalizada de violación de los derechos humanos", según el informe sobre Estados Unidos que hoy hace público Amnistía Internacional. Esa nación ha fracasado y sigue fracasando a la hora de "cumplir su promesa fundacional de derechos para todos".El informe es muy duro para EE UU. Según los resultados de una larga investigación, la brutalidad policial a la hora de detener a los sospechosos, la aplicación de la ley de fugas, las torturas en comisarías, la humillación de los inmigrantes, la agresión en los juicios a los acusados con procedimientos como el electrochoque, el trato cruel y denigrante en las prisiones y la discriminación a la hora de aplicar la pena de muerte, son corrientes en la primera potencia del mundo.

La elaboración en sí del informe ya es humillante para Estados Unidos, convertido en la primera democracia occidental que es objeto de un estudio en profundidad semejante, y no de una mera mención en el documento anual de la organización. Pierre Sané, el senegalés que preside Amnistía Internacional desde hace seis años, informó la pasada semana en Washington de que EE UU ha sido sometido a una investigación especial por "el creciente deterioro de sus derechos humanos".

"Nos parece tristemente irónico", dijo Sané, "que el país más poderoso del mundo use las leyes internacionales sobre derechos humanos para criticar a terceros, pero no aplique los mismos criterios en casa".

"A lo largo del país", dice un párrafo de las 150 páginas del informe, "miles de personas son sometidas a constante y deliberada brutalidad por parte de los agentes de policía. Los métodos crueles, degradantes y en ocasiones peligrosos para la vida continúan siendo una característica del sistema de justicia criminal de EE UU". En cuanto a la pena de muerte, "se aplica con frecuencia por motivos de venganza y de modo arbitrario, dependiendo de la situación racial o económica del acusado", según Amnistía Internacional.