Hacienda sólo ha cobrado el 18% de los 237.000 millones de ingresos pendientes desde 1990

La cuenta general de la Generalitat a finales de 1997 revela serios problemas por parte de la Consejería de Hacienda para hacer efectivos los derechos pendientes de cobro. La evolución de los mismos muestra una curva ascendente desde el principio de la década y un sorprendente punto de inflexión a partir de 1995, el primer ejercicio fiscal que compartieron populares y socialistas. El informe del interventor respecto a los ingresos pendientes de cobro a finales de 1997 resulta revelador: "La ejecución de los ingresos en la agrupación de ejercicios cerrados ha alcanzado un porcentaje del 95,80%, si bien los ingresos líquidos han supuesto un porcentaje bastante menor de un 18,48%".

José Luis Olivas se escandalizó cuando entró en la Consejería de Hacienda, en julio de 1995, y tuvo que aprender a moverse entre los inmensos agujeros financieros que dijo encontrar en el Palau de L"Almirall, su nueva oficina. Desde su llegada, la evolución de los ingresos pendientes de cobro en las liquidaciones presupuestarias se ha elevado desde los 133.000 millones consignados en la correspondiente a 1995 hasta los 290.869 correspondientes al cierre de cuentas correspondiente a 1997. Pero la ejecución efectiva de los mismos no parece haber mejorado. La tentación de inflar los ingresos es muy socorrida para cuadrar las cuentas, pero los riesgos que entraña son, precisamente, la generación de nuevos agujeros que heredarán futuras administraciones. El desglose de los ingresos pendientes de ejercicios anteriores a 1997, que recoge la Cuenta General de la Generalitat Valenciana, explica que Hacienda reclama a la Seguridad Social 79.148 millones de pesetas, 61.121 de ellos correspondientes a 1996. La liquidación de las deudas con la Seguridad Social se suele producir en el primer semestre del ejercicio posterior, es decir, las divergencias debían haberse saldado a mediados de 1997. Uno de los principales agujeros que denunció Olivas cuando llegó al cargo fue precisamente la insistencia de los socialistas valencianos a la hora de consignar como ingresos fondos de la Seguridad Social correspondientes a ejercicios ya liquidados. El caso es exactamente el mismo, según revela la cuenta general, pero cuando se modificó el sistema de financiación sanitaria, hace unos meses, Olivas renunció a reclamar la deuda histórica, que sí exigió Cataluña, y se dió con un canto en los dientes cuando se introdujo el criterio de población a la hora de distribuir fondos del Estado. La emisión de deuda a largo plazo por parte de la Generalitat ha crecido desde 51.000 millones hasta poco más de 62.000, en virtud de un acuerdo unilateral de la Administración autonómica. Hacienda había prometido destinar a la reducción de la deuda todas las economías derivadas de la racionalización del sector público, eufemismo que abarca desde la creación de una central de compras en Sanidad hasta la venta de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. Pero la cuenta general explica que los 6.156 millones ingresados por la concesión administrativa de las ITV ya han sido gastados al ser consignados como activos financieros.