El Congreso amplía el plazo a Nadal para alegar al suplicatorio

La Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso decidió ayer por unanimidad conceder al alcalde de Tarragona, el convergente Joan Miquel Nadal, dos días más de plazo para que pueda presentar alegaciones en su defensa por el suplicatorio que ha solicitado el Tribunal Supremo. Nadal tiene que ser investigado por un presunto delito de tráfico de influencias, para lo cual, dada su condición de aforado, la Cámara baja debe retirarle la inmunidad parlamentaria. A Joan Miquel Nadal se le acababa hoy el plazo para la presentación de alegaciones, pero el pasado martes, en una pirueta de procedimiento legal, presentó un escrito ante la Comisión del Diputado y ante el presidente del Congreso, Federico Trillo, para que el término quedara en suspenso. El alcalde de Tarragona y diputado por Convergència i Unió (CiU) alegó que no podía defenderse porque en el expediente remitido al Congreso por el Tribunal Supremo faltaban documentos y reclamaba a la Cámara que los solicitase a la judicatura. Documentos al Supremo La Comisión del Estatuto del Diputado se inhibió ayer de este asunto y traspasó la competencia a la Mesa del Congreso, que en su reunión ordinaria del próximo martes deberá decidir si pide o no los documentos al Supremo. En las situaciones precedentes en las que los diputados han solicitado la remisión al Congreso de pruebas documentales antes de la votación del suplicatorio en pleno, la Mesa ha rechazado todas las peticiones. Este es el caso del diputado socialista Javier Barrero o del popular Vicente Sanchís. De este modo, Joan Miquel Nadal deberá presentar sus alegaciones antes del día 29, y si la Mesa del Congreso, reunida por la mañana, no decide lo contrario, a finales de octubre el pleno de la Cámara votaría la concesión del suplicatorio. Algunos miembros de la Comisión del Estatuto del Diputado se pronunciaron ayer a favor de prolongar indefinidamente el plazo de presentación de alegaciones hasta un pronunciamiento oficial de la Mesa de la Cámara, pero tal petición fue rechazada por la mayoría de los diputados. El problema existente es que el Congreso debe pronunciarse sobre el suplicatorio antes del 31 de octubre, según estipula el propio reglamento, y durante el próximo mes tan sólo se celebrarán dos plenos debido a la celebración de las elecciones autonómicas vascas. Nadal está acusado de un presunto delito de tráfico de influencias por haber beneficiado supuestamente desde el Ayuntamiento de Tarragona a una empresa de la cual eran accionistas él mismo y algunos amigos suyos. La sociedad explota un túnel de lavado de vehículos en el barrio tarraconense de Torreforta.