Derecho a la educación

Dice el artículo 14 de la Constitución que todos los españoles son iguales ante la ley; pues bien, no es exactamente así. Soy el padre de una niña de tres años de edad que tras haber sido admitida por el colegio público Gustavo Adolfo Bécquer, en Montequinto (Dos Hermanas), en primero de Educación Infantil, a los cuatro días de iniciarse el curso el director de dicho centro nos dice que no se hace responsable de la niña puesto que padece crisis convulsiva (cosa que debía conocer por la documentación aportada) por no disponer de las cuidadoras que por ley se exige para este tipo de cursos y que, según ellos, por cierto problema sindical no se han podido contratar. Nos encontramos pues con una niña que precisa de enseñanza integrada en la calle y sin posibilidad de escolarización por parte de la enseñanza pública. Ésta es la magnífica aplicación del derecho a la enseñanza recogido en la Constitución española, donde los niños con este tipo de problemas se ven relegados a no poder obtener lo que otros sí consiguen. Espero que esta carta sirva para dar un toque de atención a la Consejería de Educación y Ciencia y sepan que aquí, en Andalucía, se empieza a discriminar a los tres años de edad. Mientras tanto, tendremos que seguir luchando y terminar acudiendo a la enseñanza privada, que hasta ahora es la única que se ha molestado en prestar la educación necesaria a nuestra hija, mientras que los impuestos que pagamos y repercuten en la enseñanza pública parece que tan solamente sirven para que ésta funciones tan sólo en condiciones de normalidad. Seamos realistas, tenemos una educación que funciona a golpe de pedal y en la que la planificación y previsión brillan por su ausencia. Me viene a la cabeza una frase del libro "Rebelión en la granja" que se podría aplicar casi por analogía y que vendría a decir: "Todos los españoles somos iguales pero algunos son más iguales que otros".- . .