El fin del terrorismo se encuentra más cerca

Recurrir a la esperanza como opción frente a la larga tregua declarada por ETA, de entrada, parece una actitud positiva y saludable; más aún si ésta confía en ver el fin de los asesinatos, los secuestros, de la extorsión y, en definitiva, de la barbarie. Con todo, lo esencial consiste en conseguir la paz: si la esperanza depositada en el cese temporal de la lucha armada es una ilusión óptica en vez de un propósito real, le problema se puede convertir en un conflicto sin solución y cuyas consecuencias desagradables darían lugar, posiblemente, a un enfrentamiento civil, visto que las posiciones de los partidos han quedado muy definidas: un bloque nacionalista y otro estatalista. Los nacionalistas vascos junto con Izquierda Unida y los sindicatos ELA y LAB han optado con el Acuerdo de Lizarra porque la solución de la violencia pase por una salida negociada. Por contra, el PP y el PSOE siguen apostando por continuar con la estrategia actual, cuyo fundamento principal se basa en el Pacto de Ajuria Enea, cuyo instrumento clave son las instituciones democráticas. Pero incluso en el Pacto se contempla el diálogo con ETA bajo ciertos requisitos. Se ve, por tanto, que existe interés en acabar con el terrorismo, aunque la forma de hacerlo requiere mucha prudencia y, sobre todo, consenso. La dificultad radica en cómo establecer un marco negociador sobre criterios "escrupulosamente democráticos", si bien es cierto que hay uno básico y determinante: el abandono de la violencia por parte de ETA. Luego la tregua, tras muchos años de actividad terrorista, presume la posibilidad de que nos encontremos ante el fin de la violencia. Eso sí, con muchas reservas. ¿Cómo reaccionaría ETA si no se llevan a la práctica los enunciados del Acuerdo de Estella? Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ya que las discrepancias principales quedan sujetas a la reforma de la Constitución, a la autodeterminación, la incorporación de Navarra a Euskadi o el acercamiento de los presos; esto es, a fundamentos difíciles de modificar. Sea como fuere, en cuanto al acercamiento de los presos, quizá el Gobierno debería adoptar ya algún tipo de medida que favoreciese el aproximamiento. En primer lugar, como respuesta al cese de la violencia etarra y, en segundo lugar, porque favorecería sustancialmente un clima más distendido a la hora de buscar un acuerdo consensuado. Asimismo, habrá quien piense que esta deferencia hacia los presos de ETA se sustenta en el chantaje de los terroristas. Empero, si somos realistas y objetivos, el traslado de éstos a cárceles próximas al País Vasco supone el elemento precursor de la normalidad política y el fin del tiro en la nuca. Con respecto a Navarra, cabe destacar que los navarros desoyen el llamamiento nacionalista de integrarse en Euskadi: los abertzales sólo obtienen un veinte por ciento de los votos en esa comunidad, como muestra la configuración del Parlamento Foral. Por lo tanto, Navarra no debe de ser un escollo en una supuesta negociación. Ahora bien, si fuese necesario un referéndum para dictaminar cuál es la voluntad de los navarros, adelante: la Constitución recoge esta posibilidad. Que nadie se asuste por ser escrupulosamente democrático. Dicho de otra manera, es verdad que los vascos y los navarros comparten muchos aspectos culturales (lengua, folclore, costumbres, gastronomía, etc.). Pero, a partir de ahí, tendrán que ser los navarros quienes decidan si quieren entrar en un ámbito institucional común. Otro de los aspectos discordantes, la reforma de la Constitución, tiene una gran importancia, puesto que se trata de modificar nada menos que las reglas fundamentales del juego político o, si se quiere, de alterar los términos en que estaba formulado el pacto entre los diversos sectores políticos. En cualquier caso, se observa que los partidos no ven la reforma de la Constitución como un obstáculo insalvable en el caso de que se produjera el cese definitivo de la violencia. Esto demuestra un alto grado de madurez por parte de los principales dirigentes políticos que han valorado la reforma constituacional como un hecho viable sin la amenaza de las armas. Llegados a este punto, quedaría por solventar la controversia en cuanto al derecho de autodeterminación; es decir, si pueden o no decidir los vascos su futuro político al margen del Estado. Y es aquí donde se encuentra la dificultad principal: ¿a quiénes hay que considerar vascos y cómo se determina su voluntad? En principio, y desde un punto de vista subjetivo, la última palabra pertenece a los miembros de la comunidad afectada, cuya área de extensión abarca lo que se entiende por "nación cultural" o realidad prepolítica: grupo étnico caracterizado por la idea de pertenencia a un pueblo. Si por el contrario, la estimación se lleva a cabo desde una lógica real, el País Vasco está reconocido internacionalmente como una región más del Estado español, por lo que el derecho de autodeterminación quedaría condicionado por la decisión del Estado en su conjunto; en cuyo caso las aspiraciones de los vascos dependerían de deseos ajenos a los de dicha comunidad cultural. Pese a las adversidades existentes, ha llegado la hora de enfrentarse al "conflicto" de forma decidida: primero, exigiendo a ETA que abandone definitivamente la lucha armada -declarar una tregua indefinida es un paso notable, pero sólo un paso-, y segundo, utilizando la cordura así como los mecanismos necesarios para conseguir la paz. Entre aquéllos, el diálogo y la negociación, junto con la buenas instituciones democráticas, aparecen como los únicos capaces de llevar a buen término este proceso que acaba de nacer. A lo mejor cuesta mucho tiempo; posiblemente, muchos consideramos que los nacionalistas vascos se equivocan en su aspiración de construir un nuevo Estado; y seguramente las víctimas de la violencia tendrán dificultades para vomitar todo el odio acumulado. Pero, en realidad, la paz vale demasiado como para desperdiciar esta oportunidad llena de esperanza.

Juan José Domínguez Pérez es analista político.