La propuesta socialista de IRPF incluye la subida del Impuesto de Sociedades

El PSE propugna que la reforma del IRPF y un incremento del Impuesto de Sociedades sirvan para crear en dos años un fondo de 40.000 millones de pesetas que financie un Plan de Empleo Juvenil. Esta propuesta constituye la principal novedad que los socialistas van a defender en el debate del IRPF, en el que incluyen mejorar las fiscalidad de la familia y la vivienda. Asimismo plantean que las rentas de capital tributen al tipo medio.

Los socialistas siguen defendiendo que hay que posponer el debate sobre la reforma del IRPF a la celebración de los comicios autonómicos del 25 de octubre, porque existe margen de tiempo suficiente para que el nuevo impuesto pueda ser aprobado antes de final de año, aunque las Haciendas forales y el Gobierno vasco no están por la labor. Los representantes designados por el PSE -Jesús Egiguren, Fernando Buesa, Guillermo Echenique y Melchor Gil- se reunieron el pasado 12 de septiembre con los tres diputados de Hacienda y el viceconsejero Juan Miguel Bilbao para exponerles el núcleo de las medidas que van a defender en las Juntas Generales de cada territorio respecto al nuevo IRPF. Uno de los ejes del discurso que mantendrán los socialistas se refiere a la necesidad de crear un fondo de 20.000 millones de pesetas anuales financiado mediante reformas concretas en el IRPF: básicamente, recortando de forma transitoria la rebaja planteada por el PNV en las tarifas: el tipo mínimo sería así del 17,51%, frente al 17%, mientras que el tipo máximo quedaría fijado en el 51,5% y no en el 50%. (La reforma del Gobierno central sitúa los tipos en el 18% y el 48%). De esta forma se obtendrían 12.000 millones, a los que se podrían añadir otros 6.000 millones subiendo el tipo Impuesto de Sociedades del 32,5% al 35%, como está en el resto de España. Los 2.000 millones restantes provendrían de reasignaciones presupuestarias de las instituciones vascas. Esta medida podría aplicarse durante dos años, con lo que se obtendría un fondo de 40.000 millones para fomentar el Plan de Empleo Juvenil y, en su caso, también el contrato de sustitución, "siempre y cuando exista pleno acuerdo sobre esta modalidad entre los agentes sociales", puntualizaron fuentes del PSE. Deducción del 20% El PSE considera que la reforma fiscal presentada por Ibarretxe en el Libro blanco convierte a las clases medias en las "grandes olvidadas", por lo que ha elaborado una batería de cinco medidas alternativas en el tratamiento fiscal de la vivienda y de las familias, que tendrían una repercusión de 5.000 millones de pesetas en la recaudación foral. Así, defiende que hay que elevar el límite de inversión sobre el que se han de aplicar las deducciones por adquisición de vivienda, subiéndolo de 1,5 a 2 millones de pesetas. Además, el tipo de deducción también debería mejorar, pasando del 15% vigente al 20%. Se oponen, por otra parte, a que se elimine la deducción del impuesto sobre bienes inmuebles, que las Haciendas proponen suprimir con la "excusa" de eliminar los ingresos ficticios que suponía la posesión de una vivienda. En el ámbito de las economía doméstica, el PSE defiende que se eleve hasta las 100.000 pesetas la deducción por hijos menores de dos años, así como una deducción del 10% sobre los gastos de formación complementaria de los hijos. También pretende que las rentas de capital tributen de forma equivalente a las del trabajo para resolver la "falta de equidad" que se produce en el momento actual, puesto que aquellas rentas tributan a un tipo único del 20%. Los socialistas persiguen que los incrementos de patrimonio irregulares generados en un período superior a dos años tributen al tipo medio de gravamen aplicable a cada contribuyente. Éste, sin embargo, podría optar por aplicar la media de los tipos medios de gravamen de los cuatro años anteriores "con el fin de tomar en consideración los distintos niveles de renta de los contribuyentes y evitar las consecuencias de la concurrencia de supuestos extraordinarios". Sobre el Impuesto de Sociedades, los socialistas piden que se denomine de "Beneficios Empresariales" y que el tipo se aumente al 35%. Además, plantean eliminar los incentivos a la inversión para evitar que se transformen en ayudas "estructurales" y no ceñidas a situaciones coyunturales "complicadas".