El PNV sólo mediará ante el PP por la plantilla judicial si se lo pide Intxaurraga

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, defendió ayer el conflicto de competencias presentado por el Gobierno central a la plantilla judicial vasca porque el Ejecutivo de Vitoria se ha "extralimitado" al elaborarla. Según la ministra, el Gobierno vasco ha invadido competencias estatales. "El Gobierno", explicó la ministra en el pleno del Senado a requerimiento de EA, "ha actuado por criterios jurídicos y no por motivos políticos. No estamos hablando si políticamente es deseable o indeseable que el Gobierno vasco pueda regular determinados extremos relativos al régimen de los funcionarios judiciales. De lo que deberíamos hablar es si el Gobierno vasco tiene o no tiene competencia para regular estas materias". Así, Mariscal insistió en que el conflicto no se basa en las actuales discrepancias que el Gabinete Aznar puede tener en relación a los criterios del Ejecutivo de Vitoria, sino en que "el Gobierno del Estado entiende que el Ejecutivo autónomo no tiene competencias para regular normas que afecten a la Administración de Justicia, como la provisión de vacantes y el régimen retributivo de los funcionarios". Por su parte, el consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga,solicitó ayer a la ministra una reunión urgente para tratar sobre el decreto de plantillas. Al mismo tiempo, Intxaurraga reclamó la convocatoria de la mesa sectorial, que está integrada por el ministerio y representantes de las seis autonomías con competencia en Justicia, entre las que se encuentra Euskadi. El consejero quiere plantear en este foro la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la supresión del carácter de cuerpos nacionales que tienen los agentes, auxiliares y oficiales de la Administración de Justicia. Intxaurraga volvió a reiterar que la decisión de recurrir el acuerdo de modernización de la Justicia vasca es un "ataque" al ámbito competencial .El viceconsejero de Justicia, Iñaki Sánchez, fue más gráfico aún: "Si se tratara de un asunto médico, el acuerdo de modernización defendería la utilización de scanner y la posición del Ministerio sería continuar aplicando sanguijuelas". Según Sánchez, el recurso pone trabas a la modernización de la Justicia y limita la formación de los funcionarios.