El Gobierno planteará una batalla política a todos los niveles contra la suspensión de la plantilla judicial

El Gobierno vasco prepara un plan de respuesta al conflicto de competencias presentado por el Ministerio de Justicia ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo para la modernización de la Justicia en Euskadi. El Ejecutivo planteará una batalla política a todos los niveles -institucional y de partidos- para obligar a la titular de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, a desistir y retirar el conflicto. El alto tribunal notificó el pasado lunes al Ejecutivo vasco la suspensión del acuerdo, tal y como había solicitado la ministra.

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo autónomo analizó en su reunión de ayer la situación creada tras la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. La portavoz, Mari Carmen Garmendia, acusó al ministerio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de "fingir un interés negociador" durante el proceso de conversaciones que ha mantenido con el Departamento de Justicia, ya que al final ha culminado con la presentación de un conflicto de competencias ante el máximo intérprete de la Constitución. El Gobierno elevará al Consejo General del Poder Judicial su malestar por la actitud de Madrid. El acuerdo para la modernización de la Justicia fue suscrito por el Gobierno vasco con los sindicatos el pasado marzo. De momento sólo había dado tiempo a elaborar los requisitos para configurar las plantillas judiciales y homologar salarialmente a los 1.700 funcionarios fijos -repartidos entre agentes, oficiales y auxiliares- de la Administración de Justicia vasca con el resto del funcionariado de Euskadi. Así, el efecto más inmediato de la suspensión del acuerdo para los trabajadores es que este mes dejarán de cobrar los incrementos salariales pactados con el Gobierno y que ya percibían desde abril. Los funcionarios cobrarán entre 350.000 y 580.000 pesetas menos al año, según sean agentes, auxiliares u oficiales. El Ejecutivo central acusa al Gobierno vasco de arrogarse competencias que no le corresponden al fijar los requisitos de la plantilla judicial. Madrid entiende que los funcionarios judiciales son cuerpos nacionales y, por lo tanto, las exigencias para integrar la plantilla deben ser comunes en toda España. Mientras, el Gobierno de Vitoria cree que la facultad de organizar la oficina judicial corresponde a las autonomías que tengan transferidos los medios personales y materiales de la Justicia, como ocurre en el caso de Euskadi. Entre otros requisitos, el departamento fija la necesidad de que en todos los juzgados al menos un funcionario tenga un conocimiento del euskera suficiente como para atender la demanda de un ciudadano euskaldún. Además, reclama una antigüedad mínima para acceder a algunos puestos, como el de oficial-jefe de las fiscalías que no tienen secretario judicial, y un determinado conocimiento de informática para algunas plazas. El consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, reiteró ayer su disposición a reunirse con la ministra y convencerle de las bondades del acuerdo. "El recurso va en detrimento de una Administración de Justicia moderna y al servicio de los ciudadanos", señaló. Por su parte, los sindicatos han solicitado al Gobierno vasco que adopte medidas para resolver el conflicto. Las centrales pretenden que el Ejecutivo habilite algún tipo de partida económica que les compense de la merma. Sin embargo, el Gobierno no se plantea esta posibilidad debido a su inviabilidad legal, ya que supondría un desacato al Constitucional. ELA se personará en el procedimiento planteado en el Tribunal Constitucional, mientras que CC OO aboga por la retirada de la suspensión y solucionar el conflicto con un diálogo constructivo. Para UGT, ahora hay que estudiar medidas que permitan desarrollar el resto del acuerdo que no ha sido recurrido por el ministerio. Fuentes del departamento explicaron que el conflicto presentado por el Gabinete de Aznar no afecta a todo el acuerdo para la modernización de la Justicia vasca. Según estos medios, se puede trabajar en aspectos como el plan para redistribuir los efectivos de una forma más racional y la creación de servicios comunes, como el de información al público.