La Audiencia reafirma que es competente en el "caso Pinochet"

El magistrado del juzgado central número seis de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, reafirma plenamente su competencia para investigar la suerte de los desaparecidos en Chile durante la dictadura del general Augusto Pinochet en un auto firmado el 15 de septiembre. En él ordena el envío a Chile de una comisión rogatoria para conocer "si existen causas penales abiertas" contra el ex dictador. El auto del juez es la primera respuesta a la decisión del 9 de julio de la Sala de lo Penal que le ordenó proseguir el sumario y decidir sobre la jurisdicción. El fiscal Ignacio Peláez, en obediencia a las directrices de su jefe, Eduardo Fungairiño, razonó en un escrito del 20 de marzo de 1998 la falta de competencia de España en los crímenes que se imputan a Pinochet y otros altos cargos de la dictadura militar chilena.García-Castellón, lejos de acoger las tesis de la fiscalía, las desmonta una a una. En el caso del delito de genocidio, el juez estima que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 10 y 96 de la Constitución Española, " otorgan esa competencia a los tribunales españoles. El juez hace referencia a la Declaración sobre protección de Personas de la ONU ("toda desaparición forzosa será considerada un delito permanente"), cuyo artículo 18.1 descarta que los autores puedan ser amnistiados. En cuanto a los delitos de terrorismo y torturas, García-Castellón rechaza la argumentación del fiscal, y reafirma la competencia de la Audiencia Nacional en ambos casos, en base al Código de Justicia Militar de 1971 y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España en 1977.