La mitad de las gasolineras de Cádiz incumplen las normas de seguridad

El 51% de las 157 gasolineras de la provincia de Cádiz incumple alguna de las normas de seguridad establecidas por la Subdelegación del Gobierno en la provincia, que entraron en vigor el pasado 15 de agosto. Un total de 60 de las instalaciones no ha adoptado parcialmente las directrices legales y existe un grupo de 20 gasolineras que no han adoptado ninguna de las obligaciones en esa materia. Ése es el resultado de las inspecciones practicadas por la Subdelegación del Gobierno en las 157 gasolineras gaditanas en el último mes.

Los datos fueron hechos públicos ayer por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Osuna, al término de un encuentro con los responsables de la federación de Industrias Afines de la UGT. La situación ha provocado la apertura de cuatro expedientes hasta el momento y la decisión de la Administración central de iniciar la apertura de otros 16. Los empresarios del sector tienen un plazo de 20 días para adoptar las medidas pertinentes. En caso contrario serán igualmente sancionados. Pese a todo, Miguel Osuna consideró ayer que la situación no es alarmante. "Aunque a un ritmo más lento de lo que nos gustaría , vemos cómo se han ido adoptando las medidas precisas establecidas por la ley". Osuna relató la existencia de algunos casos en los que los establecimientos de venta de combustible no cuentan con las medidas mínimas exigibles: "Hay algunas gasolineras que no tienen ni siquiera un teléfono, ni están conectadas, por tanto, a una alarma central", explicó, "por lo que ante la eventualidad de un atraco, las fuerzas de orden público nada o muy poco pueden hacer". Para el subdelegado del Gobierno, las medidas impuestas, primero, y la campaña de inspecciones articulada después, "no suponen un intento de presionar al empresariado", sino el seguimiento de la ley, "que obliga a adoptar ciertas medidas imprescindibles, porque se ha comprobado que cuantas más medidas protectoras, menor es el número de asaltos". Los trabajos de la Subdelegación del Gobierno en este sentido comenzaron el pasado año, a raíz de que se sucedieran los atracos en distintos establecimientos de la provincia.