El PSOE afirma en Cádiz que una ley del Gobierno veta la "supertasa"

El debate sobre la legalidad del precio público implantado por el PP en 1997 en Cádiz por la prestación de servicios de Transporte, Transformación y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos, conocido popularmente como supertasa, volvió ayer a emerger con fuerza. El grupo municipal socialista sostuvo una vez más la "manifiesta ilegalidad" de la medida del ayuntamiento de Cádiz, que le llevó hace unos meses a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra su implantación.

Los nuevos argumentos expuestos por el PSOE se basan en la Ley 25/1998 aprobada el 13 de julio, que define el espíritu de las Tasas y Precios Públicos del Estado. En su contenido se detalla que la solicitud voluntaria o no del administrado para recibir contraprestaciones por servicios o actividades marca la diferencia entre ambos conceptos. El nuevo elemento aportado por el PSOE gaditano se basa en su negativa a reconocer la supertasa como un precio público. Según esta nueva normativa, el precio público sería aquel que solicita el contribuyente, mientras que la tasa es impuesta. "Queda claro que la supertasa es sin duda una tasa, porque el pueblo no la ha creado y nadie ha pedido abonarla", explicó Hipólito García, portavoz municipal socialista, que detalló que el Ayuntamiento está cobrando dos veces la misma tasa por el mismo servicio, la recogida de basuras, que ya se incluyó en el IBI municipal a partir de 1995. Duplicidad del cobro La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, había defendido la legalidad de la supertasa al considerarla como un precio público y descartar una duplicidad del cobro como una tasa de basuras. Así las cosas, García solicitó al gobierno local que deje sin efecto la actividad recaudatoria por este concepto, pues sostuvo que se verá obligado a ello o a modificar su denominación el 1 de enero de 1999 con la entrada en vigor de la modificación que con la ley de Tasas y Precios Públicos se realice en la ley de Haciendas Locales. Con todo, los socialistas gaditanos han presentado una proposición para el próximo pleno municipal que prevé también la petición de que se cancelen los derechos pendientes de cobro procedentes de este precio público y que se realicen las actividades administrativas necesarias para la devolución de las cantidades cobradas a los contribuyentes. "Tenemos que obligar a este gobierno a que cumpla la legalidad, que transgrede en demasiadas ocasiones, al tiempo que debe facilitar que los ciudadanos reclamen la cuantía de esas facturas indebidamente cobradas", precisó el portavoz socialista.