El Tribunal Superior investiga a Farreres por el reparto de los fondos de formación

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite una querella contra el consejero de Trabajo, Ignasi Farreres, al que se le acusa de un supuesto delito continuado de prevaricación por entender que las subvenciones públicas de los fondos de formación de los últimos años se han otorgado siguiendo un criterio "particular, partidista y arbitrario". Los querellantes denuncian también que todavía no les han sido pagados 70 millones de pesetas que les fueron aprobados por cursos ya realizados y acusan a Farreres de favorecer a sociedades vinculadas a Unió Democràtica.

El Departamento de Trabajo de la Generalitat salió anoche al paso de esas acusaciones con un comunicado en el que asegura que las dos empresas que presentan la querella fueron investigadas por la Administración autonómica y se observó un supuesto desvío de 119 millones de pesetas procedentes de esas subvenciones. La querella contra el consejero que ya tramita el TSJC ha sido presentada por el Centro de Formación profesional Tau, S. L., y por la Escuela de Instaladores Barcelona, S. L. Ambas entidades pertenecen a la Asociación Catalana de Centros de Formación Profesional (ACCFP), cuya cabeza visible es el empresario José Méndez Pérez, vinculado al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Los querellantes aseguran que desde 1995 han exigido sin éxito a Trabajo que las subvenciones públicas que concede en materia de formación ocupacional, incluidas las procedentes del Fondo Social Europeo, se realicen con los principios de "objetividad, concurrencia y publicidad". En este sentido, los denunciantes recuerdan que durante 1996 se reunieron con altos funcionarios de Trabajo para pedir explicaciones por los criterios utilizados en el reparto y aseguran que Farreres les respondió "que sólo rendían cuentas ante el Parlament". Estas reuniones provocaron, según la querella, que Trabajo les enviase un inspector y que no encontraran ninguna irregularidad en los centros que firman la querella. Durante 1997, esos centros dieron un paso más y presentaron recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de Trabajo, denunciando nuevamente que se les discriminaba en el reparto y la falta de transparencia en las ayudas, que en ese período ascendieron a 23.500 millones de pesetas. Subvenciones retenidas En noviembre del año pasado, la Asociación Catalana de Centros de Formación Profesional fue más allá y denunció los hechos al Síndic de Greuges y a la Fiscalía Anticorrupción. En esas denuncias se explica que Trabajo les ha retenido las subvenciones ya aprobadas por cursos realizados en esos centros en los años 1995, 1996 y 1997. Días después, según explica la querella, recibieron una carta de la Generalitat anunciando que se realizaría un control financiero a esas entidades. Los denunciantes aseguran que sólo ellos sufrieron esas inspecciones, mientras que Trabajo, por el contrario, afirma que también se han realizado a otros centros colaboradores. El pasado mes de enero y después de la intervención del Síndic, Trabajo les abonó las subvenciones de 1995, según la querella, pero todavía siguen pendientes de pago 70 millones de los dos últimos años que el Departamento de Economía y Finanzas ya había aprobado pagar. La querella explica que el pasado 20 de mayo Trabajo revocó las subvenciones percibidas durante 1997 por uno de los centros y que este año no les han concedido ninguna. Eso ha provocado, según los denunciantes, que los seis centros de la asociación quedasen "totalmente inactivos y en una situación financiera insalvable", viéndose obligados a suspender la contratación de un centenar de profesores que impartían esos cursos. PASA A LA PÁGINA 5