Anticorrupción advierte que bancos españoles ocultan datos de clientes en paraísos fiscales
La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Carlos Jiménez Villarejo, ha dado la voz de alarma sobre una práctica de varias entidades financieras españolas. Según la fiscalía, algunos bancos, a través de empresas que constituyen en paraísos fiscales, están ocultando información sobre el patrimonio de ciertos clientes. El fiscal anticorrupción lamenta, además, "la escasa colaboración" que esas entidades prestan a la justicia. La Asociación Española de Banca Privada (AEB) no está de acuerdo con esa apreciación y sostiene que la colaboración "es total, activa y positiva".
La creación por parte de bancos españoles de sociedades en los principales paraísos fiscales de todo el mundo está provocando ciertos roces con la justicia. "Las entidades españolas constituyen sociedades en estos paraísos, que actúan como auténticas sucursales del banco nacional, y se escudan en las mismas para no facilitar información relativa a las cuentas de clientes relevantes que se sitúan bajo su cobertura", según denuncia la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción.Carlos Jiménez Villarejo, fiscal anticorrupción, se queja de la "escasa" colaboración de las entidades financieras y asegura que éstas han obtenido, en ocasiones, grandes beneficios en las operaciones efectuadas con esta clase de clientes. "De momento no voy a decir de qué bancos se trata", advierte a este periódico.
La patronal bancaria AEB justifica la constitución de estas empresas en paraísos fiscales por su flexibilidad regulatoria y ventajas fiscales. Y asegura con contundencia que la banca española colabora con la justicia de una forma "total, activa y positiva".
Clientes relevantes
El fiscal anticorrupción destaca que los clientes de los bancos domiciliados en el paraíso fiscal son determinados clientes de la entidad nacional, "con un perfil patrimonial relevante y necesitados de conseguir, por diversas razones, la opacidad de una parte importante de su patrimonio".Villarejo señala que los bancos españoles no atienden a los requerimientos de su oficina con la debida diligencia. Unos requerimientos que en la mayoría de las ocasiones se centran en la identificación del origen y destino de los fondos, cuyo seguimiento resulta imprescindible para conocer la realidad de las operaciones investigadas.
Según su versión, apuntada en la reciente memoria de su departamento, algunos bancos declinan atender el requerimiento de la policía escudándose en la antigüedad del documento y asegurando que no conservan ningún dato relacionado con esa operación. "Creemos que los bancos se amparan en la no obligatoriedad legal de conservar documentos en un determinado plazo y no facilitan la información aunque dispongan de ella".
La Fiscalía Anticorrupción denuncia el beneficio que obtienen las entidades en algunas de estas operaciones y señala que éstas no sólo se limitan a las de financiación, sino que también se llevan a cabo compraventas de valores mobiliarios, aparcamiento de acciones y operaciones de intermediación que pueden ser irregulares.
La característica general de estas investigaciones es que conducen hasta bancos domiciliados en paraísos fiscales, "unos países donde confluye el dinero ilícito de todo el mundo y donde los ciudadanos de cualquier país se benefician de una total opacidad fiscal y registral. Obtener información de esos países es imposible. O la comunidad internacional se lo toma en serio o no avanzaremos nada en la lucha contra estos delitos", apostilla Villarejo.
Un asesor jurídico de la AEB argumenta que la presencia de la banca española en los paraísos fiscales es legal y recuerda que todas las entidades financieras del mundo tienen allí sus filiales. "Hay que estar porque están todos. Hay negocio y una gran flexibilidad regulatoria".
Sobre la acusación de Villarejo de que se protegen en esas sucursales los patrimonios de determinados clientes, este asesor niega esa práctica. "El secreto bancario existe en España en menor medida que en ningún otro país del mundo", asegura. La AEB recuerda que mantiene varias reuniones anuales "de alto nivel" en las que se analiza la colaboración de las entidades españolas en la persecución de los delitos económicos.
A la misma asisten el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí-Fluxá; el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles; el director general de Inspección del Banco de España, Manuel Zamanillo; el director de la comisión de prevención del blanqueo de capitales, Emilio Román; y los consejeros delegados de dos grandes bancos, en las últimas los del BBV (Pedro Luis Uriarte) y el Popular (Ricardo Lacasa). Además de estas reuniones, la asesoría jurídica de la asociación convoca con regularidad a los responsables de los controles de blanqueo de bancos y cajas. Pedro Luis Uriarte ha recibido cartas de felicitación de mandos policiales, según señalan fuentes de la AEB. La patronal también colabora con la Fiscalía Antidroga.
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