Las eléctricas también quedan exentas del canon hidráulico

El uso de agua para la generación de energía por las compañías eléctricas estará exento del canon hidráulico, según el último articulado del anteproyecto de ley del agua. La exención está recogida en el último apartado del artículo 56, el mismo que exime a los campesinos de pagar el impuesto por el agua destinada al riego agrícola. El cobro del impuesto puede convertirse en caballo de batalla. Joan Boada, de IC, sostiene que la multa por el impago del canon vulnera los derechos constitucionales.

La nueva ley busca acabar con la guerra del agua. Para ello se ha pactado con la plataforma un amplio periodo para el pago de cantidades adeudadas (hasta el 2003) y se ha buscado una fórmula que impida futuros impagos, imponiendo multas a los morosos. Pero este mismo hecho es ilegal, según explica el diputado de IC Joan Boada. La ley establece la posibilidad de pagar cualquier impuesto en el plazo indicado, sin recargo, o fuera de él con los recargos establecidos. Más aún, los ciudadanos pueden impugnar un impuesto en el periodo de pago voluntario. Los usuarios pueden pagar el canon en el periodo indicado o más tarde, pero esta segunda posibilidad sólo da derecho al Ejecutivo a imponer recargo, no multas como sugiere la nueva ley. Boada cree también inaceptable que las eléctricas estén exentas del pago del canon de infraestructuras, siendo las que más agua consumen. Josep Maria Bergúa, en nombre de Fecsa y ENHER, reconoce que estas empresas no pagarán el canon, pero considera que las aportaciones sociales que realizan repetidamente justifican este trato. Y pone un ejemplo: hace unos meses, cuando el Ebro experimentó una notable subida que amenazó con inundaciones en Tortosa, las eléctricas colaboraron actuando en sus embalses para regular el caudal. Y eso mismo lo hacen sin cobrar cada vez que hay peligro de avenidas. Competencias locales Boada cree que el Gobierno catalán está perdiendo la oportunidad de hacer una ley definitiva y que dentro de tres o cuatro años, gobierne quien gobierne, habrá que plantear una nueva legislación sobre el ciclo del agua que corrija las indecisiones de la que ahora se discute. Entre los problemas que detecta se incluye la indefinición sobre de quién depende la ACA o Agencia Catalana del Agua (la izquierda desea que pase a Medio Ambiente, pero pugna por ella también el Departamento de Política Territorial); la existencia de un consejo de dirección, donde sólo está representado el Gobierno, que inutiliza el de administración, donde sí están los usuarios, y el mantenimiento de la empresa Aguas Ter Llobregat, que lamina las competencias de la ACA. Un factor inasumible por IC es que el Gobierno catalán pueda decidir que las obras hidráulicas de interés general no necesitan licencia municipal ni cotizan al municipio donde se hallen. En opinión de Boada, se trata de un sistema pensado exclusivamente para imponer la voluntad de la administración económica sobre la local.