Dos jueces de Girona investigan una trama de corrupción en la Dirección de Costas

Girona [EN] Una presunta trama de corrupción entre altos cargos en la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y ante del de Obras Públicas, es investigada desde hace unos dos meses en los juzgados números 4 y 6 de Girona. Los agentes creen que altos cargos del ministerio se confabulaban con empresas constructoras para amañar los concursos sobrevalorando el importe hasta en un 60%, además de variar lindes territoriales.

La Guardia Civil ha estado reuniendo durante este tiempo las pruebas que intentan demostrar la veracidad de las acusaciones que un topógrafo ha efectuado contra altos cargos de su ministerio, después de que fuera detenido por intentar vender documentos que demuestran estas irregularidades a un empresario figuerense. Según reveló el topógrafo a este empresario, el cobro de comisiones en la adjudicación de las obras de la zona marítimo-terrestre es una práctica habitual. Su versión asegura que la adjudicación en los concursos públicos está pactada de antemano y los presupuestos se valoran entre un 40% y un 60% por encima de su valor real. La diferencia se la embolsan la empresa constructora y determinados cargos del ministerio. Otra de las supuestas ilegalidades que intenta demostrar la Guardia Civil, también explicada por el topógrafo detenido, se centra en el desplazamiento fraudulento de los hitos que delimitan zonas no urbanizables a cambio de grandes sumas de dinero. El juzgado instructor del caso ya ha ordenado la investigación del patrimonio de determinados cargos, cuyo nombre no ha trascendido a causa del secreto sumarial. Según fuentes judiciales, las pesquisas ya han empezado a dar algunos frutos. Se han detectado movimientos injustificados en cuentas corrientes y se ha verificado, en los últimos 14 años, un considerable aumento de patrimonio en algunos responsables de la demarcación gerundense. Estas propiedades, terrenos en su mayor parte, no casan con los supuestos ingresos profesionales de los investigados. Un coche de ocho millones El caso más llamativo es el de un vehículo valorado en unos ocho millones de pesetas, pagado al contado en el concesionario, sin que ninguna de las cuentas de su comprador sufriese mengua alguna. Los investigadores sospechan que constituía el pago de alguna de estas supuestas transacciones ilícitas. La Guardia Civil, que debe manejar un considerable y complejo volumen de información, ha requerido documentación a diversos ayuntamientos costeros sobre algunas obras realizadas recientemente en sus municipios. Cadaqués y y otros podrían estar entre ellos. La Guardia Civil empezó a tirar del hilo de la trama cuando un empleado del empresario figuerense Josep Aldehuelo, muy conocido por sus reiterados litigios con las administraciones, por las que se considera sistemáticamente perjudicado, le explicó a su patrón que conocía a un topógrafo del ministerio dispuesto a venderle documentos que demostraban un fraude continuado por parte de sus superiores.PASA A LA PÁGINA 7