La juez Palacios imputa a Manuel Prado por presunto delito fiscal

La juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, que instruye la querella de Torras contra Javier de la Rosa, ha imputado por presunto delito fiscal a Manuel Prado. La juez acordó antes del verano remitir el caso a los juzgados de Sevilla por entender que es allí donde tiene Prado sus intereses empresariales. La decisión ha sido recurrida por el empresario. Según la juez, que atendía una petición del fiscal anticorrupción, Prado no declaró a Hacienda los pagos que le hizo De la Rosa con dinero de Torras y que ascendieron a 100 millones de dólares (unos 10.000 milones de pesetas de 1992).

Manuel Prado pagó 80 de esos 100 millones de dólares en 1990, por lo que este caso está prescrito. El segundo pago, de 20 millones (2.000 millones de pesetas de entonces y casi 3.000 ahora) , es por el que está imputado. Tanto De la Rosa como Prado han reconocido la existencia de esos pagos. Para el primero fueron realizados en nombre de Torras; para el segundo una compensación por deudas de De la Rosa con él.Sobre este último movimiento ya no existe discusión, pues, a pesar de que la existencia de los pagos se conoce desde 1995, Hacienda no los investigó y ha prescrito. No ocurre lo mismo con el segundo por 20 millones de dólares. Este tuvo lugar en junio de 1992 y su prescripción se producía en junio pasado.

Según la Agencia Tributaria, en el caso de que se considerase que Prado debería haber declarado en España esos pagos, la cantidad presuntamente defraudada sería de unos 1.000 millones, algo más de la mitad de lo ingresado por el empresario, que arguye que tenía domicilio fiscal en Suiza. La investigación sobre el caso se inició bastante antes de la fecha de prescripción, en junio de este año. El fiscal del caso pidió a Hacienda un informe sobre la situación fiscal de Prado. Según ese informe, Prado no ha acreditado su condición de residente en Suiza, lo que exige una presencia en ese país de más de 180 días. El informe concluye que el centro de los intereses de Prado estaba en España.

Sobre la base de ese informe, el fiscal pidió a la juez la imputación de Prado. La juez, el 16 de junio pasado, acordó admitir esa petición y separar este aspecto fiscal del conjunto de la instrucción del caso Torras, para lo que decidió que debía remitirse a los juzgados de Sevilla, aparente centro de las operaciones empresariales de Prado en España. La defensa de Prado decidió recurrir la decisión, primero ante la juez, que rechazó el recurso, y después ante la sala de la Audiencia Nacional, que aún no se ha pronunciado.