Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Indulto

EL EX ministro José Barrionuevo y su antiguo número dos en Interior, Rafael Vera, ingresarán hoy en prisión una vez que el Tribunal Supremo decidió en su caso ejecutar de inmediato la sentencia del caso Marey. Los otros diez condenados tendrán al menos cinco días para defender su petición de que la condena quede en suspenso hasta que se resuelva su petición de indulto. La diferencia entre unos y otros radica en el solo hecho de que los diez autoinculpados han pedido el indulto, mientras Barrionuevo y Vera se han negado a hacerlo por considerarlo contradictorio con su proclamación de inocencia, aunque lo haya solicitado para ellos un grupo de ciudadanos salmantinos.Esta última resolución de la Sala Segunda del Supremo ha reactivado el debate jurídico que ya se inició a partir de una sentencia con cuatro votos particulares que se opusieron a la condena por entender que no había pruebas contra Barrionuevo y Vera y que los hechos habían prescrito. Pero más allá de la polémica técnico-jurídica, ha echado gasolina a un incendio político que se alimenta de la convicción que tienen muchos socialistas de haberse convertido en los chivos expiatorios del drama de la guerra sucia, cuya responsabilidad nadie puede descargar en exclusiva sobre las espaldas del PSOE. Que dos dirigentes socialistas sean al fin los únicos paganos del capítulo tal vez más negro de nuestra transición política produce en las filas socialistas una indignación que comparten ciudadanos sin militancia de partido.

Si la guerra sucia fue una desgracia nacional que en su día denunciamos sin tregua, también lo está siendo su salida posjudicial. Han sido tantas las irregularidades de todo el proceso, de tal intensidad las interferencias políticas y mediáticas, tan discutibles si no rechazables algunos de los métodos de investigación, que a los socialistas les resulta difícil aislar las resoluciones judiciales de las pasiones políticas.

Está equivocado quien crea que el ingreso en prisión de los condenados, en aplicación de una sentencia firme, cierra este asunto. A la vista está que, lejos de ser así, estamos en una situación política altamente inflamable que por momentos puede convertirse en un conflicto institucional de primera magnitud. Y ésta no es una cuestión judicial, sino política. Las reacciones más pasionales en las filas del PSOE tienen un potencial devastador si se llevasen a sus últimas consecuencias, y se contradicen abiertamente con el acatamiento formal de la sentencia proclamado en sus comunicados oficiales. Es legítimo que defiendan la inocencia de sus compañeros, que agoten las vías jurisdiccionales hasta el Tribunal de Estrasburgo si es preciso, que se solidaricen con Barrionuevo y Vera en trance de ingresar en prisión. También lo es discrepar de la sentencia, algo en lo que coinciden con cuatro magistrados de la propia sala juzgadora. Denunciar la politización del caso no es sino expresar algo en lo que muchos ciudadanos de este país pueden estar de acuerdo. Pero llevar la respuesta a un enfrentamiento institucional sería un error que pagaríamos todos.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ha dicho estos días que este asunto debía haberse resuelto por vía política. Lejos de eso, ha sido en los terrenos de la política donde se ha embarrado, y es en ese territorio en el que hay que buscarle una salida. En su día nos pronunciamos abierta y reiteradamente contra el terrorismo de Estado, fuera quien fuera el gobernante de turno; siempre hemos defendido que los hechos criminales deben ser sometidos a la justicia. Desde esas convicciones consideramos que ahora debe plantearse con seriedad una salida política a este conflicto. Hay vías legales para ello que deben estudiar con responsabilidad todos actores del drama.

El riesgo de fractura social al que nos referíamos hace un mes en estas páginas es algo más que una realidad virtual. Ver entrar en la cárcel a quienes encabezaron la lucha contra ETA en los años en los que se produjeron matanzas como las de Hipercor o Zaragoza mientras que algunos de los que ordenaron aquellos atentados gozan de libertad, es algo que sin duda provoca algo más que perplejidad en muchas personas que no son del partido socialista.

Una vez dictada la sentencia, y mientras los condenados agotan otras vías de recurso, no se puede dejar que se siga cociendo el caldo de un enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios de este país. Porque sobre ellos descansa hoy por hoy la supervivencia de nuestro sistema constitucional. El sistema legal construido al amparo de esa Constitución acoge fórmulas que deberían controlar primero y apagar después los brotes de este incendio. Justamente los magistrados de la Sala Segunda han aplicado sólo a los diez autoinculpados un artículo del nuevo Código Penal (el 4.4) que permite suspender la ejecución de una sentencia en aquellos casos en los que, mediando una petición de indulto, se haya producido una gran dilación en la actuación de la justicia.

Es indiscutible que la situación ha cambiado desde 1983 hasta hoy. Para empezar, se puso fin hace ya más de diez años a las negras páginas de una guerra sucia que atraviesa transversalmente toda la primera mitad de la transición política. Es sin duda a los jueces a quienes corresponde depurar las responsabilidades penales que no hayan prescrito y dictar sentencias en cada caso, pero el Gobierno no se puede desentender de las consecuencias políticas que puedan derivarse. Y hacer, si es preciso, un ejercicio responsable del derecho de gracia. Y el Gobierno sí está obligado a tener en cuenta el hecho incuestionable de la guerra sucia contra ETA no la inventaron los socialistas, pero sí terminó con ellos. Éstos son datos de la realidad que deben ser considerados para buscar salidas compatibles con la ley.

Una vez realizado el juicio y dictada la sentencia condenatoria, hay que valorar todas estas circunstancias. Sería tremendo que un Estado que aplicó el indulto de forma masiva para que los terroristas de ETA Político-militar abandonaran las armas no encuentre una vía legal para resolver este caso sin que origine una espiral revanchista. No deja de resultar paradójico que Barrionuevo formara parte precisamente de un Gobierno que concedió muchos de aquellos indultos en cumplimiento de un compromiso adquirido por sus antecesores de UCD.

Es el Rey quien otorga los indultos a propuesta del Gobierno, lo que dota a la decisión de un carácter político; pero es preceptivo el pronunciamiento del tribunal que ha condenado, lo que constituye una garantía contra el arbitrismo. Hay por tanto también una dimensión jurídica en la decisión, que se refuerza con la referencia al ya mencionado artículo 4.4 del nuevo Código Penal, que entre las circunstancias que menciona para suspender la ejecución de una sentencia hasta que se tramite el indulto incluye específicamente aquellos casos en los que se hubiera vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones. Si esto puede ser interpretado como la existencia de un cambio radical de circunstancias entre el momento en que se cometió el delito y el momento en que se juzgó, es difícil no aplicarlo a este caso.

Han pasado 15 años desde los hechos juzgados. Aún pasarían tres desde el secuestro de Segundo Marey hasta que se desactivó la banda de los GAL. Hubiera sido deseable que ni ésta ni las demás siglas que le precedieron hubieran existido, y que quienes las impulsaron o consintieron hubieran explicado los hechos. Resulta imperdonable que nunca se haya dado desde 1976 hasta hoy ninguna explicación convincente de la guerra sucia. Pero, a la luz de cuanto ha sucedido, resulta necesario estudiar seriamente un indulto que permita superar un capítulo negro de la transición política que, afortunadamente, se cerró hace más de una década.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de septiembre de 1998