IU de Málaga pide al Gobierno que dé más indultos a los ex toxicómanos

El grupo municipal de IU exigió ayer al Ayuntamiento de Málaga que inste al Gobierno central a que conceda más fácilmente indultos a los toxicómanos rehabilitados, tal y como se aprobó en una moción de marzo del año pasado. Y es que, según Javier García, concejal de esta formación, el Ejecutivo no ha respondido a ninguna de las seis solicitudes que ha hecho en la provincia la Plataforma Prisión y Sida en lo que va de año, y en 1996 sólo concedió 37 indultos a ex toxicómanos con penas de cárcel pendientes en toda Andalucía. García aseguró que aunque el nuevo Código Penal y el Reglamento Penitenciario reconozcan el indulto para personas rehabilitadas, el Gobierno "tarda cada vez más" en responder a las solicitudes y "sólo concede un 50% de las peticiones". El concejal aseguró que si la persona "presenta las suficientes garantías de que se ha desenganchado y está avalada por organizaciones sociales no tiene sentido que vaya a la cárcel por un delito que cometió hace años a causa de la droga". El concejal evaluó muy positivamente que desde junio pasado sea el Ayuntamiento el que solicite los indultos para la personas rehabilitadas que tengan el respaldo de una organización social o de drogodependencia, tal y como se acordó en un pleno de marzo de 1997. También se mostró muy satisfecho del "buen funcionamiento" del gabinete socio-jurídico para la atención de la población reclusa y sus familias, que se creó a raíz de este mismo acuerdo. Pero no todo fueron flores para el Consistorio malagueño. García recordó una larga lista de compromisos pendientes: la coordinación entre los servicios sociales municipales y los penitenciarios; la cesión de viviendas para presos en tercer grado -"sólo hay dos y harían falta ocho", precisó-; que las ayudas de emergencia del Ayuntamiento se hagan extensibles a los familiares de los reclusos que tengan que desplazarse a más de 100 kilómetros para las visitas y, por último, solicitar al Gobierno central el acercamiento de los presos a cárceles cercanas a sus lugares de origen.