Duras críticas al Gobierno por su apoyo a la regulación laboral en Tabacalera
La decisión del Gobierno central de respaldar el expediente de regulación de empleo en la compañía Tabacalera -antes pública, ahora privada- provocó ayer en Cádiz la airada protesta de todas las formaciones políticas, excepto el PP. El ministro de Trabajo, Javier Arenas, autorizará al Inem para que subvencione con 4.735 millones de pesetas al conjunto de empresas de Tabacalera, que obtendrá así el camino expedito para emprender esta medida que afectará a 900 trabajadores de toda España.
La planta que la empresa Tabacalera tiene en la capital gaditana -la más importante del grupo- recibirá alrededor de 468 millones con los que se podrá acometer la destrucción de 90 empleos. Este es el número de operarios que se encuentran en condiciones de acogerse al expediente mediante prejubilaciones a partir de los 55 años o por bajas incentivadas con una indemnización de 10 millones de pesetas. Estas modalidades de extinción de empleo fueron negociadas entre los sindicatos y la dirección de la compañía con una vigencia que concluye en junio de 1999. La aportación del Estado posibilitará que las personas que queden desempleadas cobren dos años de paro y, en algunos casos, hasta tres años de ayuda familiar. Este anuncio suscitó una respuesta política unánime del PSOE, IU y NI en contra de la medida. La protesta se centró en denunciar que el Gobierno fomentará el paro con dinero público en una ciudad especialmente castigada por la lacra del desempleo. "Resulta que el Gobierno subvenciona con cinco millones cada empleo destruido, es decir, subvenciona la destrucción de empleo", lamentó Ignacio García, coordinador de IU, que subrayó que ningún instrumento de lucha contra el desempleo tiene esa importante partida. En parecidos términos se pronunció el secretario provincial socialista, Francisco Vázquez Cañas, que hizo público su temor por que esta medida del Gobierno se extienda al resto del tejido público industrial de la Bahía de Cádiz: "Es de todo punto impresentable y en definitiva esto viene a confirmar nuestros temores de que el proceso de privatizaciones en la comarca va a conllevar la pérdida de aproximadamente 1.200 ó 1.300 empleos a corto o medio plazo". Nueva Izquierda fue el tercer partido que también levantó su voz de protesta ante la decisión adoptada por el Gobierno central. Desde esta formación, el concejal del Ayuntamiento de Cádiz, Juan Ortuño, denunció que no se destinen esas partidas a la creación de empleo. Según Ortuño, "el Gobierno debiera invertir en la producción y no en la reducción de la producción, y sobre todo en una empresa que genera enormes beneficios y que inconcebiblemente echa trabajadores a la calle". Grandes beneficios Los partidos recordaron también la inoportunidad de esta medida en una compañía que ha obtenido unos beneficios superiores a los 37.000 millones de pesetas en el último año y medio. Ante este aluvión de críticas, el Partido Popular en la provincia respondió a través de María José García Pelayo, coordinadora de los populares gaditanos y diputada autonómica, en lugar de que lo hiciera el presidente, Antonio Sanz. García Pelayo, que dirigió su discurso únicamente a los socialistas, rechazó de plano que su partido fomente el desempleo en la provincia. "En ningún caso se está adoptando una medida unilateral sino negociada que será la mejor culminada por las partes negociantes", respondió, al tiempo que acusó al PSOE de interferir intencionadamente en el resultado de las negociaciones mantenidas entre el gobierno, la dirección de Tabacalera y los sindicatos.
