La izquierda critica las compras de suelo a privados con dinero público

La Administración regional va camino de convertirse en "un agente inmobiliario privado" que se nutre del dinero de todos los madrileños. Se trata de un diagnóstico en el que coincidieron ayer los responsables del PSOE e IU en la comisión de Obras Públicas y Urbanismo, Juan Antonio Ruiz Castillo y Juan Ramón Sanz, tras conocer que la empresa autonómica Arpegio ha adquirido 710 hectáreas en Arroyomolinos, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz para promover del orden de 10.000 nuevas viviendas (véase El País Madrid de ayer). Sanz optó por requerir las comparecencias parlamentarias del consejero delegado de Arpegio, Francisco Labayen, y del gerente del Ivima, Juan José Franch, para que expliquen "los precios a los que la Administración regional está comprando suelo para la promoción de viviendas públicas". Sanz lamentó que el PP haya renunciado a las expropiaciones como fórmula para que la Administración obtenga suelo a buen precio. "A cambio prefiere erigirse en agente inmobiliario privado y desatender a los sectores que configuran la demanda real mayoritaria de vivienda en la región", espetó.El parlamentario de IU se mostró convencido de que la vivienda de promoción pública acabará encareciéndose y haciéndose "inaccesible a los sectores con menor nivel de renta". Y ello supone, en último término, "desoír el mandato constitucional al derecho a la vivienda".

Imperio "gallardonista"

El socialista Ruiz Castillo interpretó la adquisición de suelo a privados como si la Administración fuera un promotor inmobiliario más, en clave irónica. "Todo esto debe formar parte de la política expansiva del imperio de Ruiz-Gallardón", exclamó. Y, ya más en serio, recalcó: "El PP entiende el urbanismo con absoluta insensibilidad social. Me parece una barbaridad y una locura".El diputado del PSOE recordó que las compras promovidas por la consejería de Luis Eduardo Cortés contrastan con el Plan Regional de Vivienda, que hasta ahora presenta un mínimo nivel de ejecución. "Todos los pisos para jovencitos que pregonaba el PP se encuentran absolutamente paralizados. Con las viviendas de protección oficial sucede otro tanto. Sin embargo, estos señores sí tienen tiempo para liarse a comprar suelo, nadie sabe para quién. ¿O será para el que quiere un chalecito fuera de Madrid?", se preguntó Ruiz Castillo.

Los responsables urbanísticos de la Comunidad entienden, en cambio, que la expropiación es un procedimiento farragoso que muchas veces deriva en procedimientos ante los tribunales y demoras en la ejecución. Y aportan ejemplos: en Arroyo Culebro (Getafe), una sentencia judicial estableció que la Administración había dejado a deber 15.000 millones a los propietarios; en Moscatelares (San Sebastián de los Reyes), la Comunidad ofrecía 2.200 pesetas por metro, pero los dueños piden cinco veces más.