Pequeñas sanciones por incumplir compromisos

En el borrador de reglamento se establece que una petición de enganche debe instalarse en un plazo máximo de cinco días laborables y que las reclamaciones sean atendidas antes de los 10 días de ser formuladas. El enganche, tras un corte por impago, debe restablecerse a las 24 horas y los avisos de cortes programados deben anunciarse con un día de antelación. Las compañías deberán entregar a sus clientes un documento explicativo sobre la correcta utilización de la energía, la idoneidad de las potencias para las necesidades de su consumo y sus correspondientes tarifas.La sanción que se propone por el incumplimiento de estos compromisos referidos a la atención al cliente no es desde luego disuasoria, 5.000 pesetas. Las infracciones por pérdida de calidad en la continuidad del suministro eléctrico se penalizan con descuentos que serán aplicadas a los usuarios, en función de la potencia facturada, la duración del apagón y el coeficiente de calidad establecido para la zona donde residen y que anualmente se hará publica.

La Comisión se ha anticipado en elaborar una propia, según la cual (ver gráfico) la provincia de Álava ocupa el máximo nivel de calidad, seguida de Madrid, mientras en los últimos lugares por la abundancia de cortes de suministro se sitúan Baleares, Cuenca, Ciudad Real, Badajoz -debido al impacto de las últimas inundaciones-y Lugo.

Fernández Ordóñez insiste en que siendo importante dar el paso para obligar a las eléctricas a suministrar energía con unos estándares mínimos de calidad, esa meta no se conseguirá con el reglamento, sino mediante la liberalización del servicio. "Estamos en una situación en que si a El Corte Inglés le toca Iberdrola se lo tiene que tragar. La peculiaridad del asunto es que, habiendo formalmente una liberalización de hecho, existe una situación da cuasi monopolio entre las empresas suministradoras de energía. Eso hay que romperlo".

El próximo 17 de septiembre se reunirá el consejo que estudie este reglamento, al que acudirán más de 30 representantes de todos los sectores sociales. Fernández Ordóñez no confía excesivamente en que sus propuestas salgan adelante. "Las del ministerio están más cercanas a las eléctricas y es quien tiene la última palabra para aprobar el reglamento. Industria considera que ocho horas de apagón es un estándar de buena calidad para zona urbana. Si consiguiéramos mover al ministerio de su propuesta sería maravilloso".