¿Existe la mafia rusa?

MANUEL ALCARAZ RAMOS

El autor sostiene que el PP de Alicante no quiere darse por enterado de la existencia de una organización delictiva en la que participan ciudadanos rusos, mientras que el Gobierno sí lo reconoce"Mafia: cualquier organización clandestina de criminales" (Diccionario de la Real Academia Española. XXI Edición). Recientemente era asesinado un ciudadano ruso en el municipio de Orihuela. Con este lamentable suceso se reabre el debate sobre la presencia de una "mafia rusa" en el País Valenciano, singularmente en la costa alicantina. Esta muerte ha venido precedida de secuestro y otras actividades delictivas protagonizadas por ciudadanos de países del Este. Y por el secreto a voces de la implantación y de personas de otros estados del antiguo bloque comunista que llegan a nuestra tierra con gran cantidad de divisas para invertirlas. Estos son los hechos, negarlo es pura estupidez. Que informes policiales y del Cesid advirtieran de la generación de entramados delictivos como el blanqueo de dinero, el tráfico de prostitutas o el de vehículos de lujo robados no hacía sino confirmar una sensación ciudadana ampliamente asentada. Estos hechos no pueden justificar una especie de caza del ruso que no dejaría de ser una triste manifestación de xenofobia. Pero dicho esto hay que criticar la miopía y el silencio de algunos responsables políticos y sociales ante un fenómeno preocupante. Está bien que se intente atraer turismo ruso o que la Generalitat abra una oficina para promover inversiones en Rusia -por cierto, minusvalorando la situación de aquél país, con un altísimo nivel de su economía en manos de redes criminales-. Lo que ya no está bien desde ningún punto de vista es la ceguera provocada por la llegada de un aluvión de dinero fresco que hace que se mire hacia otra parte mientras se instalan bandas de delincuentes: un fenómeno que si no se corta en sus inicios es muy difícil de combatir posteriormente. Por eso es patético especular sobre si existe o no una mafia rusa. Como si fuera una cuestión teológica, como si decidir que no existe elimina los problemas y nos permite seguir recibiendo dinero negro que enriquece a unos pocos mientras se pone una semilla de violencia. ¿Y los muertos?, ¿y los secuestrados?, ¿y las amenazas y extorsiones? Serían sólo acciones aisladas que ya combatirá la policía mientras que las autoridades hacen ruedas de prensa tranquilizadoras alabando los intercambios económicos en una economía globalizada. Con motivo del reciente asesinato, el alcalde del municipio en que se produjo reconoció estar "preocupado" (¡) pero, al día siguiente, ya vino a decir que no hay por qué exagerar ni generalizar. O sea, más de lo mismo: la mafia rusa no existe. Y así será si así os place. ¿Hablar por hablar? No. Cedo la palabra al señor Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja y diputado autonómico del PP, que en la sesión del consejo rector del Patronato de Turismo de la Diputación de Alicante del 19 de junio de 1996 afirmó: "...en cualquier caso, el turismo ruso es más fácilmente detectable (...) y representa un porcentaje evaluable en cuanto a gasto se refiere, por ello se ha de tener cuidado en la difusión de algunas informaciones que vinculan dicho turismo a determinadas bandas (...) ya que si esto es así, se trataría de casos puntuales, y es a las autoridades y en su caso a la justicia a quien compete su investigación. El turismo ruso viene a la Costa Blanca a invertir y en principio no debe preocupar la procedencia de ese dinero". En la misma sesión el señor Montes Tallón, dirigente de la patronal alicantina y de la Comunidad Valenciana afirmó coincidir con la anterior opinión "y sugiere la posibilidad de convocar a la prensa si fuera necesario, con el fin de evitar esas noticias alarmistas. Igualmente entiende que desde su punto de vista como empresario, no es de su competencia averiguar la procedencia del dinero. El señor Pérez Such, diputado de Turismo (PP) remató la faena: "Se trata sólo de afirmaciones de carácter general, pero no se ha producido ningún hecho en concreto de tipo delictivo". Por otra parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana negaba públicamente que la "mafia rusa se haya asentado en la Comunidad" (Levante, 15-09-96) y algo después otro diario (La Verdad, 7-10-96) podía titular: La Policía descarta la implantación de una mafia rusa o de países del Este en Alicante, según el comisario jefe provincial. Podría poner más ejemplos, pero estos sirven para entender cómo se establece una doctrina y se difunde para consumo tranquilizador de conciencias. Es una mezcla de buena voluntad -no alarmar- y de defensa de intereses. También podríamos contar lo que algunos manifiestan en privado o dicen off the record a periodistas sobre la utilidad del ruso con dinero antes que la del negro o del moro violador... pero siendo repugnante mejor lo dejaremos. En mi actividad como parlamentario he trabajado esta materia porque la encuentro muy grave en sí y por lo que supone de generalización de una ideología impregnada en inmoralidad e idiotez: todo sirve si hay dinero por medio. Fruto de esa actividad han sido varias iniciativas parlamentarias con el objetivo de: saber para poder entender y proponer. No fatigaré al lector con un examen de esas iniciativas, pero algunas sí merecen ser traídas a colación. La posición oficial del Gobierno, al inicio de la legislatura, fue insistir en la negación de la existencia de la mafia rusa, pero esa actitud ha sufrido cambios porque no podía seguir ocultando hechos muy graves. Una respuesta gubernamental (6 de mayo de 1996) -cuya difusión dio lugar al debate en el Patronato de Turismo- todavía decía que "de momento es precipitado hablar de instauración de grupos organizados rusos dedicados al blanqueo de dinero a través del sector turístico e inmobiliario". Pero el punto de inflexión se produce ante una pregunta oral que formulé al ministro del Interior en el Pleno del Congreso (11 de diciembre de 1996). El señor Mayor contestó: "He de decir que coincido en la preocupación por un tema de riesgo creciente para España, como es el de las mafias rusas". Así pues, el responsable de la seguridad del Estado reconocía por vez primera el hecho. Tras la respuesta le indiqué, que "le rogaría que les transmitiera ese espíritu y preocupación a alcaldes de su propio partido en la zona de Alicante" porque eran muy vagos en sus críticas. El ministro, en su turno de réplica, concluyó diciendo: "Le aseguro que el Gobierno, todo el partido y todos los cargos electos se alejan de la vaguedad y ofrecen resultados reales". Es una lástima que el PP de la Comunidad Valenciana sea poco propicio a leer, ni siquiera las intervenciones de sus ministros ante el Congreso. Así pues para el Gobierno sí existen las mafias rusas. Conseguido este principio de clarificación entiendo que ahora se trata de insistir en la adopción de medidas para combatir el fenómeno. Sería prolijo exponer todos los matices, pero se puede afirmar que la impresión general es la de la insuficiencia de medios, la descoordinación y la falta de cooperación internacional. Se han creado unidades policiales especiales para combatir el crimen organizado, pero aún son insuficientes, mientras que en los últimos años las detenciones de ciudadanos del Este no han cesado de multiplicarse; así, mientras que en 1992 se produjeron 187 detenciones por la Guardia Civil y 1.541 por la policía, en 1996 ya eran 624 los detenidos por la Guardia Civil y 3.454 por la policía. Hay que advertir que en muchos casos las detenciones no reflejan el problema real pues abundan mucho más las de pequeños delincuentes o, incluso, de personas que sufren los efectos de las redes mafiosas, como las mujeres engañadas y obligadas a prostituirse. El problema preocupa a la UE pero aún no se aprecia una coordinación adecuada entre los incipientes mecanismos policiales de la Unión o el Espacio Schengen -eficaz para impermeabilizar las fronteras por el sur, no parece ser tan útil por el este-; por ello el Parlamento Europeo está estudiando el Informe Falcone contra las mafias. El problema de fondo es que la introducción de capitales extranjeros no es delito salvo que pueda conectarse con una actividad delictiva relacionada con el blanqueo de dinero, lo que, según reconocía el Gobierno (18 de marzo de 1997) es complicado, pese a las unidades policiales más centradas en el blanqueo interno o en el ámbito de la UE en cumplimiento de la Directiva 91/308/CEE. Para que todo sea más complicado, poco cabe esperar de la colaboración de las autoridades rusas infiltradas por las mafias. Se ha informado de la presencia de un policía español en Moscú para servir de enlace, pero todo parece indicar que poco podrá hacer. Otra vertiente que hay que recordar es la firma de tratados internacionales de cooperación judicial y policial. Sobre esta cuestión formulé una pregunta al ministro de Asuntos Exteriores en la comisión correspondiente del Congreso y más allá de buenas intenciones poco pudo precisar. En una respuesta posterior (1 de junio de 1998) se reconoce que no existen acuerdos de este tipo con ninguno de los países más implicados, si bien anuncia negociaciones con Rusia, y otros, aunque "es difícil avanzar una fecha concreta para la firma". La sensación es que el Gobierno no está siendo suficientemente diligente en este campo. Así están las cosas. ¿Sigue teniendo sentido la pregunta sobre la existencia de la mafia rusa? Seguramente no existe una estructura única piramidal regida por capos -o como se diga en ruso- reunidos en tenebrosos restaurantes. Pero detenerse en esa visión es una solemne tontería. El hecho es que se intensifica la actividad delictiva, que está mutando y persigue mayores negocios ligados a redes preexistentes en Rusia, que amplía su campo de acción, que da saltos cualitativos en el uso de la violencia y que penetra en sectores de la economía -por ejemplo en el inmobiliario- con consecuencias gravísimas a medio plazo. A cada cual su responsabilidad. Ni xenofobia ante el ruso ni alarmismos -el miedo es el mejor caldo de cultivo para la mafia-. Pero sí atención. Que la policía tenga más efectivos, y ponga los delincuentes a disposición judicial. Que se hagan nuevas leyes si son precisas y que se incremente la cooperación internacional. A los políticos, líderes sociales y, muy especialmente, empresariales del País Valenciano no les corresponde investigar ni perseguir al delincuente. Pero sí tenemos la responsabilidad moral y democrática de estar vigilantes, de hacer propuestas y, sobre todo, de informar a los ciudadanos de lo que sucede y desde luego, nunca, nunca, de dar ninguna opinión que pueda ser interpretada como un signo de debilidad, de hipocresía, de connivencia.

Manuel Alcaraz Ramos es diputado de Nova Esquerra en las Cortes Generales.