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Confusión sin tregua

SI ETA tuviera intención de dejar de matar -es decir, de desaparecer-, no tardaríamos en enterarnos. Hasta el momento, nunca ha llegado a plantearse siquiera tal posibilidad. Habrá que hacer todo lo posible para favorecer la reflexión en su seno, para que al menos dude de la conveniencia de seguir matando. Pero será difícil conseguirlo mientras sean los partidos democráticos los que ofrezcan una imagen de duda y confusión. La propuesta de los socialistas de plantear a ETA un emplazamiento conjunto con límite temporal puede resultar sorprendente en algún aspecto, pero podría servir de pauta para que al menos los dos primeros partidos nacionales, PP y PSOE, marquen con claridad la postura de los demócratas ante el confuso panorama actual en materia de pacificación. Como mínimo, debería permitir recobrar la iniciativa y no tener a todo el país pendiente de la última ocurrencia de los amigos de los terroristas.ETA no se ha planteado nunca su desaparición. Incluso si se concedieran todas sus exigencias, la amenaza de la lucha armada sería necesaria para defender las conquistas populares, como garante de las mismas. En la última formulación de su propuesta, la llamada alternativa democrática, de abril de 1995, a lo más que se comprometía ETA era a observar un alto el fuego a partir del momento en que el Gobierno aceptara sus exigencias básicas. Pero en ningún momento se planteaba desaparecer, sino únicamente "adecuar su iniciativa a la nueva situación del conflicto". Mientras las cosas estén así será imposible activar cualquier vía de diálogo en los términos previstos en el Pacto de Ajuria Enea: "actitudes inequívocas" que acrediten la "voluntad de poner fin" a la violencia. Estar todo el día dándole vueltas a la salida negociada, reiterando la disposición al diálogo, y otros etcéteras, sin que exista ningún indicio de cambio en la otra parte, sólo contribuye a confundir a la gente, lo que a su vez favorece las expectativas del nacionalismo violento.

Si lo que propone Almunia es acabar con esa inercia, su iniciativa es oportuna. Sorprende en todo caso el grado de coincidencia con la propuesta que defendió el PP, y en particular Mayor Oreja, cuando estaba en la oposición. Entonces, el Gobierno socialista desechó la idea de poner un plazo a la reinserción, no sin dudas y después del rechazo del PNV, que en tono tremendista equiparó la propuesta a una liquidación del Pacto de Ajuria Enea.

La idea de que no se puede mantener indefinidamente abierta la oferta de una salida dialogada había sido insinuada a comienzos de los noventa por algunos dirigentes socialistas, pero fue asumida de manera programática por el PP a partir de su 11º congreso, en febrero de 1993. Una de las derivaciones de esa posición fue cuestionar el carácter permanente de las diversas vías de reinserción abiertas -la del Defensor del Pueblo, la de Bandrés, la de Azkarraga-, que ofrecían indultos y ventajas penitenciarias a cambio de la mera desvinculación de la banda. Mayor Oreja argumentó entonces que difícilmente se empujaría a los activistas a desistir si sabían que en caso de ser detenidos les bastaba firmar un papel para eludir la cárcel. Los socialistas prefirieron evitar el choque con los nacionalistas y el PP se deslizó hacia el "cumplimiento íntegro de las penas", que tenía poco que ver con este debate y que tenía un encaje imposible en la Constitución.

Ahora, los papeles han cambiado. Los socialistas piden a Aznar que lidere un plan de paz con límite temporal a la reinserción y el PP reacciona a la defensiva. El PNV ha llegado tan lejos en su política de concesiones que tiene difícil dar marcha atrás. Su necesidad de descubrir en HB algún gesto que confirme su estrategia se ha traducido en una polémica absurda sobre el significado de una tregua que, para empezar, no existe. Una tregua electoral, destinada a reducir el coste que HB va a pagar por su estrategia de tierra quemada, podría entrar en los cálculos de ETA. O podría no entrar. En todo caso, mientras no dé algún indicio de que se propone el abandono definitivo de las armas y la aceptación de las reglas democráticas, la credibilidad de la supuesta apertura de HB será nula. Que lo reiteren públicamente al menos los dos partidos mayoritarios, que agrupan a cerca del 80% del electorado, podría no ser ocioso en este momento de confusión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 05 de septiembre de 1998.

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