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Tribuna:

Gasolineras

Lo de poner al coche gasolina es ahora mucho más emocionante. Desde que la OCU levantó esta primavera el marrón de los Villanueva y vino a demostrar la sisa a la que era sometido inmisericorde nuestro depósito de carburante, la acción de repostar ha ganado ostensiblemente en morbo y notoriedad, al permitir al cliente cuestionar aviesamente si lo que anota el marcador se corresponde fielmente con la cantidad a pagar o, por el contrario, le están timando.En la actualidad lo más probable es que las mediciones sean correctas, porque después de la que se lió cuando saltó el asunto de los defraudadores, tanto los que pillaron como los que no, habrán corregido los mecanismos manipulados a la espera de que el temporal amaine.

De momento la tormenta ha servido para que la Comunidad de Madrid se ponga las pilas y le dé vueltas al asunto hasta establecer una nueva normativa regional capaz de dificultar el "mangue en la manguera". El cambio más significativo es la consideración legal de los propios precintos de los surtidores que pasan de ser privados a públicos. Un matiz ciertamente importante que permite contemplar cualquier manejo de los sellados de garantía como una alteración de cosa pública, lo que equipara en gravedad el delito a la ruptura de un precinto judicial. El miedo siempre guardó la viña. El decreto del Gobierno regional redobla además los mecanismos de control hasta ahora existentes para las estaciones de servicio, obligando a todas las gasolineras a poner a disposición de sus clientes un recipiente de medida de 10 litros para que puedan verificar si el carburante que compran lleva o no "impuesto revolucionario". Un sistema que permite una comprobación fácil para el común de los usuarios, no como el anterior de las probetas, cuya utilización requería cursar un master en "pesas y medidas". De todas formas el consejero de Economía se ha curado en salud reconociendo que el decreto no servirá para garantizar al completo que no se reproduzcan intentos de fraude al consumidor. Y hace bien. Las tecnologías en electrónica e informática avanzan a tal velocidad que resulta prácticamente imposible asegurar que lo que hoy es un sistema inviolable dentro de cuatro días no pueda ser fácilmente burlado con cualquier ingenio de nueva factura. En este sentido hay que reconocerle el acierto a la Comunidad y no tanto por ampliar de dos a seis los funcionarios dedicados a la inspección de gasolineras (dos era un número a todas luces ridículo para cumplir con una mínima eficacia esa función inspectora) como por la incorporación a la plantilla de expertos en software y electrónica y tirar también del personal del Centro de Metrología. A pesar de todo, la experiencia demuestra que el ingenio se aguza sobremanera cuando hay mucho dinero a ganar, una pequeña alteración interesada en los surtidores supone millones, y esos inspectores informáticos habrán de estar ojo avizor y no relajarse para evitar que les toreen.

Al margen de las medidas que tratan de conjurar posibles fraudes, la Comunidad ha aprovechado este nuevo decreto para poner al día la normativa en otros aspectos que así lo requerían. Es el caso de la exigencia de un cartel perfectamente visible que aclare de inmediato al cliente si la gasolinera en cuestión funciona o no en régimen de autoservicio, una iniciativa que evite esperar inútilmente la comparecencia de un empleado que nunca llegará o, por el contrario, que un gasolinero mal encarado te arrebate la manguera de la mano mientras aclara que "él está ahí para algo". Otro detalle es la exigencia de guantes de plástico y papel de limpieza en las estaciones de servicio donde el cliente tenga que servirse, algo que agradecerán muy especialmente los que manejen la apestosa manguera del gasóleo. La normativa obliga también a mantener los aparatos de presión de neumáticos y de suministro de agua en correcto estado de conservación y funcionamiento, aunque nada dice de si ese servicio puede ser cobrado, como ya sucede en algunas gasolineras en las que obligan a meter una monedita.

Algo desde luego ha empezado a cambiar en las estaciones de servicio de la región. Un cambio tristemente inducido por la constatación de que algunas gasolineras estafaban vilmente a su clientela. No hay mal que por bien no venga.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de septiembre de 1998