La Fiscalía de EE UU recurrirá para evitar que Aldasoro quede libre

La Fiscalía de Estados Unidos pedirá a la Corte Federal que impida que el presunto miembro de ETA Ramón Aldasoro quede en libertad cuando transcurra el plazo de 30 días que el juez de Florida Lawrence King, tras paralizar su proceso de extradición a España, concedió para que la acusación aporte nuevas pruebas. Fuentes diplomáticas españolas aseguraron ayer que se han recibido garantías de los departamentos de Estado y de Justicia de EE UU de que apoyarán la petición de extradición.

Una declaración del abogado de Herri Batasuna José María Matanzas, que actuó como letrado de los miembros del comando de ETA que implicaron a Aldasoro en diversos delitos, es la base en la que se apoyó el juez King para afirmar que no se han aportado pruebas suficientes para acusar a Aldasoro y justificar su extradición a España.El abogado afirmó haber observado signos externos de torturas en sus clientes Carlos Urruti, Juan María Oyarbide y Manuel Urionabarrenechea, lo que el juez King consideró como una prueba independiente que ratificaba las alegaciones realizadas por los propios etarras. Estos remitieron cartas al juez en las que aseguraban que las declaraciones inculpatorias que hicieron contra Aldasoro fueron obtenidas bajo tortura.

Aldasoro -a quien se acusa de haber pertenecido a los comandos Tontorramendi y Araba- fue detenido en diciembre de 1977 por el FBI en Miami, donde trabajaba como vendedor de automóviles con identidad falsa, tras haber entrado ilegalmente en el país procedente de México.

El Gobierno español reclamó su extradición, al estar implicado en varios sumarios instruidos por el juzgado número 4 de la Audiencia Nacional por atentados cometidos entre 1983 y 1988. Entre otros, el asesinato de dos guardias civiles y del general de Aviación Luis Azcárraga Pérez-Caballero.

El juez Ted Bandstra autorizó el pasado 17 de junio su entrega a España, dando vía libre a lo que iba a constituir el primer caso de extradición de un presunto etarra por parte de Estados Unidos, pero el juez King, de rango superior, dejó en suspenso esta decisión al admitir el 31 de agosto el recurso del abogado defensor.

La fiscalía de EE UU presentará en breve ante la Corte Federal una petición de stay, que en derecho estadounidense tiene la finalidad de impedir que Aldasoro quede en libertad cuando transcurran los 30 días que el juez ha fijado para que las autoridades españolas aporten "pruebas más fiables" para sustentar su acusación.

En opinión del juez, España se ha limitado a presentar las declaraciones de los etarras que implicaron hace nueve años a Aldasoro y éstas han quedado desvirtuadas por su afirmación, ratificada por el abogado Matanzas, de que fueron obtenidas bajo tortura.

La Audiencia Nacional remitirá a Estados Unidos el informe médico forense practicado tras su detención a los tres etarras, en el que no se apreció indicio alguno de malos tratos.

Además, se intentará demostrar al juez King la falta de credibilidad del testimonio del abogado Matanzas, uno de los letrados habituales de HB. Su secretaria, Bittori Rekalde, fue detenida en 1993 por la Ertzaintza en una operación contra la estructura de apoyo a la organización terrorista. El consejero de Interior vasco, Juan María Atutxa, calificó entonces a los abogados de HB de "mensajeros de ETA".

En medios diplomáticos se indicó ayer que contra la decisión del juez King cabe recurso ante una instancia superior, la Corte de Apelación, aunque por ahora no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Nueva documentación

El Gobierno español cuenta con el apoyo del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia norteamericanos en su petición de extradición de Aldasoro en el marco de una política compartida de lucha contra el terrorismo, señalaron las mismas fuentes.Exteriores confía en que la documentación que remita la Audiencia Nacional al juez King permita acreditar la falsedad de las denuncias de torturas realizadas por la defensa de Aldasoro, alegación habitual por otra parte entre los detenidos por pertenecer a ETA.

En medios diplomáticos se subraya que la decisión del juez King se inscribe en el procedimiento habitual de los tribunales federales de EE UU, donde el juez puede analizar la alegación de torturas formulada por una de las partes. Las mismas fuentes señalaron que ni el caso de Aldasoro como en el del presunto etarra Juan Cruz Maiztegui, cuya demanda de asilo político fue admitida a trámite por el comisario real belga para los refugiados, suponen falta de cooperación internacional contra el terrorismo, ámbito de actuación de los Gobiernos, sino decisiones personales de magistrados que no son compartidas por los Ejecutivos ni de Bélgica ni de EEUU.