Los socialistas aseguran que la deuda de la Generalitat se eleva a 700.000 millones

Joan Romero, secretario general del PSPV, mantuvo ayer una reunión de trabajo con los máximos responsables del grupo parlamentario socialista para definir las líneas estratégicas del inminente debate sobre el Estado de la Comunidad, que abre el periodo legislativo el día 14. Romero citó las "especiales características" del próximo debate, que será un repaso a la gestión desarrollada por el Consell que preside Eduardo Zaplana desde julio de 1995. El PSPV pondrá el acento en la deuda de la Generalitat, que Romero elevó a 700.000 millones de pesestas.

Los 200.000 millones de agujero que José Luis Olivas, actual consejero de Hacienda, dijo haber descubierto cuando accedió al cargo, se quedan en un pequeño orificio comparados con los 701.000 de deuda que Víctor Fuentes asegura haber detectado en las cuentas de la Generalitat a partir de las informaciones oficiales sobre la ejecución del presupuesto correspondientes al pasado mes de julio. Al margen de grandes cifras que ponen de manifiesto una dudosa capacidad de gestión presupuestaria, según el análisis de los socialistas, Romero puso especial énfasis en "la pérdida muy acusada de compromisos de inversión en infraestructuras por parte del Estado en la Comunidad Valenciana". Según el dirigente socialista, la Administración central sólo se preocupa de invertir en infraestructuras en un radio de 200 kilómetros en torno a la ciudad de Madrid y "fuera de ese punto, en Cataluña". La vertiente de política social ocupará buena parte del discurso de los socialistas. Romero afirmó que se han pérdido cuatro años en materia educativa que debían haberse empeñado en "culminar el reto de la LOGSE", sobre todo en su dimensión económica. Romero destacó la situación de asfixia económica de las universidades valencianas, que afecta especialmente a Alicante porque "Zaplana, en una evidente confusión de papeles, persigue con saña al rector Andrés Pedreño". Los socialistas expresaron su oposición a la reciente aplicación del medicamentazo, que elimina las ayudas públicas para la compra de varios productos; destacaron el "desolador" panorama que presenta el sector de Servicios Sociales; y calificaron de "sectaria" la política de comunicación del Consell.