La juez insta a la Guardia Civil a acentuar la vigilancia del marjal de Pego

La titular del juzgado número cuatro de Dénia ha dictado una providencia en la que ordena al Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) que lleve a cabo la vigilancia oportuna del Parque Natural del marjal de Pego a fin de que se cumplan "estrictamente" las medidas cautelares por las que se prohíbe cualquier trabajo de transformación en la zona protegida. Pese al auto de la juez, dictado en marzo de 1997 y confirmado por la Audiencia Provincial de Alicante el pasado mes de abril, los cultivos y las intervenciones en el marjal han continuado con el impulso y la aprobación de la comunidad de regantes y el alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, contra los que pesan varias denuncias y acusaciones. Precisamente la juez Esther Rojo ha incluido en los autos del procedimiento un escrito presentado a principios de agosto por el PSPV en el que denunciaba la aparición de nuevos cultivos de arroz y girasoles dentro del parque natural y el funcionamiento de una estación de bombeo en el corazón de la zona protegida. El diputado socialista Alfonso Arenas ha mostrado su confianza en que las medidas cautelares dictadas por la juez se cumplan en esta ocasión. "Suponemos que la Policía Autonómica colaborará en esta tarea", ha añadido. Al mismo tiempo, ha atribuido la contaminación detectada en el río Racons por el vertido de pesticidas a "la dejación de la administración" y ha anunciado que exigirá responsabilidades al Consell. "Si hubiese habido una correcta vigilancia policial", ha dicho, "esto no hubiese ocurrido". La providencia dictada por la juez el pasado 25 de agosto indica que se han ampliado diligencias a petición de la fiscalía.