El Ministerio de Justicia de EEUU estrecha el cerco sobre Al Gore

Como si el presidente Bill Clinton no tuviera bastantes problemas legales y políticos con el caso Lewinski, su heredero y vicepresidente, Al Gore, se enfrentó ayer a una investigación que podría poner en peligro su casi segura candidatura presidencial para el año 2000. La fiscal general (ministra de Justicia), Janet Reno, ordenó ayer la apertura de una nueva investigación preliminar sobre la financiación de la campaña presidencial demócrata de 1996, requisito previo al nombramiento de un fiscal especial sobre el caso, según informaron fuentes del Departamento de Justicia.

Reno se negó ayer a hacer comentarios sobre el tema invocando la confidencialidad que debe rodear cualquier investigación. "No puedo decir nada", fue su escueto comentario.La fiscal general se encuentra en la inédita situación de haber sido acusada de desacato al Congreso por la comisión de la Cámara de Representantes encargada del control de las actuaciones gubernamentales por su retraso en nombrar un fiscal especial que investigue la posible financiación irregular de la campaña para la reelección de Clinton y Gore en 1996. Las vacaciones parlamentarias han impedido que el pleno de la Cámara se pronuncie sobre la procedencia de acusar oficialmente a Reno de desacato.

El asunto de la posible financiación irregular de la campaña presidencial de 1996 colea desde hace casi tres años como consecuencia de las denuncias de varios congresistas republicanos, que sospechan que Gore abusó de su cargo para conseguir contribuciones económicas para la campaña. Todo estriba en la sutil diferenciación que la ley electoral norteamericana hace entre lo que se denomina soft money (dinero suave), destinado a engrosar las arcas de un partido político, y el hard money (dinero duro), que va directamente a las campañas personales de un candidato.

Una ley promulgada el siglo pasado prohíbe taxativamente a los políticos solicitar contribuciones para sus campañas personales desde cualquier edificio federal. Y, según las acusaciones republicanas, Al Gore realizó en 1995 un total de 45 llamadas telefónicas desde la Casa Blanca en solicitud de dinero para su reelección y la de Clinton en 1996. Los republicanos pretenden que ese dinero debe ser considerado hard money y, por tanto, ilegal.

El vicepresidente, que ya ha declarado en dos ocasiones ante los investigadores del Departamento de Justicia, volvió a negar ayer, a través de su abogado, James Neal, la comisión de cualquier acto ilegal. Sin embargo, en sendos informes sometidos a la fiscal general por el director del FBI, Louis Freeh, y por el jefe de la unidad especial del Departamento de Justicia para estudiar la financiación de los partidos, Charles LaBella, se recomienda a Reno el nombramiento de un fiscal especial independiente. Fue precisamente la negativa de Reno a entregar esos informes a la comisión parlamentaria sobre control de gobierno lo que provocó la acusación de desacato sobre la que se debe pronunciar el pleno de la Cámara cuando reanude las sesiones en septiembre, después de las vacaciones.

En dos ocasiones anteriores Reno se ha negado a iniciar el proceso de nombramiento de un fiscal especial, posiblemente escarmentada por las actuaciones de Kenneth Starr, cuyas investigaciones sobre Bill Clinton desde 1994 han sacudido los cimientos de la Casa Blanca y han minado la credibilidad personal del 42º presidente de EEUU ante sus conciudadanos. Para los republicanos, y especialmente el presidente de la comisión de control al Gobierno, Dan Burton, las repetidas negativas de Reno a nombrar un fiscal especial no hacen "sino acentuar las sospechas de que el Departamento de Justicia tiene algo que ocultar".

La decisión de Reno de ordenar el inicio de una investigación a Gore se debe a una minuta manuscrita por el ayudante del vicepresidente, David Strauss, en la que proponía destinar parte del dinero teóricamente recaudado para los fines generales del partido a la campaña específica de reelección del presidente y vicepresidente. Los republicanos aseguran que Gore aprobó la decisión de Strauss.