El PRI mexicano pide un mayor control sobre la banca extranjera

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que sustenta el Gobierno mexicano desde hace casi 70 años, ha propuesto que se imponga un mayor control del Estado sobre la banca extranjera.El BBV, el Santander y el BCH figuran en los lugares de cabeza de la inversión foránea, que controla de momento el 18% del sistema bancario nacional. La propuesta de aumentar la capacidad de intervención sobre el capital exterior figura en el plan del partido de Gobierno para afrontar el pago de los 65.000 millones de dólares (9,7 billones de pesetas) desembolsados en el rescate bancario de 1995, y a fin de evitar que se repitan crisis como la registrada aquel año.

El PRI establece una modificación del "régimen de autorización" que expide el Gobierno al capital extranjero una vez que se aprueba su entrada en un banco mexicano, por el "régimen de concesión", que facultaría a las autoridades económicas para retirarla en un momento dado.

La primera reacción de la Asociación Mexicana de Bancos es de discrepancia con esa medida. El diputado federal Marcos Bució admitió las resistencias de la banca a un cambio de esta envergadura en el régimen de entrada del capital foráneo. "Sobre este punto aún estamos buscando consensos", dijo.

Por otra parte, se pretende revisar el proceso de venta de bancos nacionales a socios extranjeros. Durante la presentación del plan priísta, Mariano Alcocer, presidente del partido, mostró su preocupación por los actuales "ritmos de apertura" de la banca al capital exterior, que deberían atenerse a "una visión estratégica del papel de la banca en el desarrollo nacional". Meses atrás, el Gobierno se había manifestado a favor de que los extranjeros pudieran comprar hasta el 100% de un banco nacional.

Plan de rescate

Las turbulencias internacionales también afectan a México, cuya administración trata de despejar el camino hacia reformas estructurales de gran calado superando lastres del pasado y las serias divergencias surgidas entre partidos políticos y organizaciones sociales a raíz de la propuesta del ejecutivo de convertir en deuda pública los 65.000 millones de dólares (9,7 billones de pesetas) del rescate de 1995.El PRI propone, entre otros puntos, reducir en un 30% esa deuda, de manera que no sea el 100% del total, sino el 70%, el monto a costear por los contribuyentes. Los bancos deberían asumir el 25% de las pérdidas del ente público Fobaproa (Fomento de Protección al Ahorro), organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda que gestionó el multimillonario fondo contra las bancarrotas en cadena.

El partido oficial propone que los delincuentes de cuello blanco que se lucraron con las ayudas, sean funcionarios, banqueros o deudores, sean castigados con penas de hasta 15 años de prisión.