La asfixia de la libertad de expresión

En tiempos del Gobierno socialista, la derecha mediática sostenía que en España había una "dictadura silenciosa". Desde varias emisoras de radio, cadenas de TV y algunos diarios, un grupo de periodistas -que luego hemos sabido coordinaban sus movimientos- explicaban a la audiencia cómo el "felipismo" tenía subyugados a todos los medios públicos de comunicación y casi todos los privados. Han pasado unos años, gobierna la derecha bajo la admonición directa de aquellos defensores de las libertades públicas y la situación es exactamente ésa con la diferencia, nada baladí, de que ahora es verdad lo que entonces era mentira. Que es ahora cuando el poder político pretende suprimir la libertad de expresión y establecer una dictadura silenciosa a base de acallar a los discrepantes y no dejar que hablen más que los suyos. Que son los que ya lo hacían antes y por los codos.La coincidencia de antiguos izquierdistas, hoy arrepentidos, con los seguidores de la escuela neoliberal estadounidense en las filas del PP ha abierto los ojos a la derecha española sobre la necesidad de consolidar su poder mediante la "hegemonía ideológica". La doctrina gramsciana completada con la de Althusser, decía que, para conseguir la hegemonía, las ideas socialistas debían difundirse también desde los medios de comunicación, que eran parte de lo que los marxistas estructuralistas llamaban los "aparatos ideológicos del Estado". Pero esta idea, a su vez, daba por supuesta la fe de Milton cuando éste afirmaba que la verdad prevalecerá sobre el error siempre que se puedan contrastar libremente; es decir, daba por supuesta la libertad de expresión.

La derecha lo entiende de otra manera. Cree que la hegemonía ideológica sólo puede conseguirse silenciando a los discrepantes, acallando la crítica y controlando totalmente los medios de comunicación. Es decir, nada de libre competencia en el mercado (institución que, al parecer, es obligatoria para las mercancías y anatema para las ideas), sino práctica monopolista, igualación de opiniones, discurso monocorde en alabanza del Gobierno, exclusión del pluralismo y censura. Y eso con el aplauso de todos quienes decían defender la libertad de expresión frente al "felipismo".

Los medios públicos de comunicación están sometidos a los dictados de La Moncloa. Se les ha depurado de todos los profesionales críticos o independientes y los ha colonizado una provisión de incondicionales y de verdaderos comisarios políticos; empezando por su director general, que era diputado del PP. El resultado ha sido una RTVE manipuladora y partidista que muchos comparan con la de Franco. La medida del sectarismo y la abyección la dan el escamoteo del abrazo real a González el día de San Juan y la preproducción de la fraudulenta foto del mismo en el Supremo. Y de Radio Nacional tampoco puede decirse nada mejor: la prueba son las fulminantes expulsiones de Haro Tecglen y Montserrat Minobis por decir lo que toda España piensa. No es suficiente. Desde el Gobierno también se impulsa una plataforma digital que es un desastre como empresa, cosa que no importa porque se paga con el dinero de todos los españoles, a través de Telefónica y de TVE y, en cambio, cuenta con un verdadero frente de propaganda política.

En cuanto a los medios privados, la derecha ha desplegado una actividad frenética que ya podía haber reservado para solucionar problemas como el de Barajas. Ha agredido a unos, amenazado a otros, comprado a los de más acá y chantajeado a los de más allá, en procura de ese objetivo de controlar todos los medios, acabar con la libertad de expresión y destruir el pluralismo.

La agresión más violenta fue la perpetrada contra la empresa de este diario, a cuyos dos máximos responsables se pretendía encarcelar. A estas alturas, nadie ignora que detrás de la sórdida operación iniciada por Campmany y secundada, según parece, por Gómez de Liaño, estaba el Gobierno. No lo consiguió. Pero no se olvide que esa agresión fue sólo la culminación judicial de una serie de agresiones parciales previas por vía de legislación antieuropea y presuntamente inconstitucional (con el apoyo de IU) y de medidas reglamentarias arbitrarias. Es decir, la derecha volverá a intentarlo porque está convencida de que, mientras sobreviva Prisa, no estará segura en el poder. Igual que Anguita está convencido de que tampoco habrá sorpasso. Debe recordarse así mismo que esta agresión fue secundada con tanto fervor desde El Mundo que muchos creyeron (o simularon creer) que se trataba de una guerra "entre dos medios" y no de un ataque del Gobierno contra una empresa de comunicación con la ayuda de otra de la competencia que pretendía conseguir así dos objetivos: acabar con la tarea iniciada unos años antes y deshacerse de un competidor en el mercado por un procedimiento innoble.

El de la compra se ha utilizado con Antena 3TV. Cuando Prisa compró Antena 3Radio, sus comentaristas, que emigraron a la COPE, hablaron de "antenicidio", censura, mordaza y otras lindezas, sosteniendo que la compra se había hecho a instancias del Gobierno socialista. De nada sirvió que éste aclarara que se trataba de una operación inter privatos con la que él nada tenía que ver. La compra/ invasión de Antena 3TV por Telefónica no ha suscitado un solo comentario, a pesar de que al presidente de Telefónica lo nombró directamente Aznar, cosa que no había hecho, ni podía hacer, Felipe González con Polanco. El resultado salta a la vista: depuración de independientes, desembarco de incondicionales de la derecha, con un comisario político al frente (aunque ahora se trate de una comisaria) proveniente de El Mundo y con Sáez de Buruaga dispuesto a poner los informativos de la cadena a la altura de los de TV1.

Hostigamiento es la táctica que está aplicándose, según parece, a Tele 5. Es pronto todavía para saber en qué puede acabar la instrucción iniciada por Garzón; pero las fianzas impuestas a los directivos de la empresa son tan exorbitantes que merece atención la queja expresada por aquélla de que, en realidad, se quiere hacerle pagar su independencia.

En cuanto a las grandes cadenas de radio, el Gobierno ha descartado el primitivo proyecto de crear una propia a partir de la Cadena Ibérica porque haría una competencia peligrosa a la COPE. Los obispos ya se habían dado cuenta de la importancia de las ondas para la agitación política. La pregunta de si predicar la discordia, encizañar e injuriar es compatible con el mensaje cristiano forma parte de las preocupaciones celestiales, sobre las que los obispos tienen derecho de pernada. La COPE es la cadena orgánica de la derecha, tanto que Telefónica puede comprarla, a sugerencia de los periodistas del régimen. En cuanto a las otras dos privadas, la SER y Onda Cero, el Gobierno intenta someterlas utilizando diversos medios. El último consiste en jugar con la concesión de más de 300 frecuencias. El ejemplo de lo que ha sucedido en Galicia es un adelanto: nada a la SER, casi todo a la COPE y migajas a quienes se someten, como Onda Cero. Ésta ha girado manifiestamente a la derecha.

En la prensa, la situación es casi de los últimos de Filipinas. El Grupo Voz, que compró Diario 16 se ha plegado a las exigencias del Gobierno, como Onda Cero y, con intervención directa de La Moncloa, ha excluido a los colaboradores críticos, dejando sólo a los complacientes y partidarios de esta forma de proceder. El Grupo Correo, que edita El Correo y el Grupo Z, responsable de El Periódico de Catalunya sobreviven en desafío de las iras de un Gobierno que no tolera prensa independiente pero que todavía no ha tenido tiempo de ocuparse de ellos porque ha estado muy concentrado en tratar de hundir EL PAÍS. Lo que este Gobierno quiere son diarios como Abc y El Mundo, a los que cabe ahora aplicar el calificativo que uno de ellos utilizaba para éste y llamarlos Boletín Oficial del Estado uno y dos. El Abc, ya se sabe, es el órgano de prensa de la derecha clásica mientras que El Mundo es una fórmula nueva, el periódico de la "pinza". Todo en él busca apoyar al PP y destruir al PSOE y la novedad reside en que la tarea recae sobre gentes de una sedicente izquierda. No es necesario dejar constancia del juicio moral que merecen unos izquierdistas al servicio consciente de la derecha.

La libertad de expresión es un derecho fundamental; quizá el más fundamental de todos pues, sin él, no hay libertad ni democracia. Los medios de comunicación son los cauces muy sensibles a través de los que se ejerce ese derecho. Lo que este Gobierno hace es suprimir la libertad de expresión a base de controlar todos los medios de comunicación. Ésa y la de tolerar la desintegración del Estado con tal de seguir en La Moncloa son sus dos líneas políticas básicas.