Los negocios de un alcalde bajo sospecha

El alcalde de Benalmádena, el independiente Enrique Bolín, vuelve a estar bajo sospecha. Nueve años después de su detención en Gibraltar con 28 gramos de cocaína y varios vídeos pornográficos, que le costó una condena de cuatro meses de cárcel, su escaño de senador y la expulsión del Partido Popular (PP), sus ex correligionarios han presentado a la fiscalía anticorrupción un "informe-denuncia" sobre supuestas irregularidades que podrían ser motivo de delito. La principal sospecha para el Grupo Popular de Benalmádena es la de cómo Bolín ha conseguido saldar en tres años de alcalde, con su sueldo embargado, una deuda de 1.347 millones de pesetas. Recurren para ello a datos del Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI), en el que figuraban reclamaciones de distintos proveedores por esta cantidad en mayo de 1995, en vísperas de ser de nuevo elegido alcalde de Benalmádena. El PP ha acompañado en su denuncia una copia de este listado y otra actual en la que ya no figura ninguna deuda. Pero los datos no están nada claros. Bolín asegura que en mayo de 1995 ya no tenía ninguna deuda porque había perdido todo su patrimonio, la mayoría en ejecuciones de pólizas y préstamos hipotecarios y embargos. Uno de sus máximos colaboradores, M.M., recuerda que la misma tarde en la que Bolín fue detenido en Gibraltar, el 28 de agosto de 1989, representantes de distintas entidades bancarias se presentaron en las oficinas del entonces senador para ejecutar estos préstamos. Bolín era hasta entonces un prestigioso empresario de la Costa del Sol con un patrimonio estimado de unos 5.000 millones de pesetas. Había sido alcalde de Benalmádena desde 1966 y ganó las primeras elecciones municipales democráticas en 1979, en las que encabezó un grupo independiente. En 1985, ingresó en Alianza Popular y en las municipales de 1987 perdió la alcaldía pero pactó con el independiente Ramón Rico repartirse el cargo, que cada uno ocuparía dos años. Su detención en Gibraltar lo impidió y truncó su carrera política.

Promotor inmobiliario

Bolín fue uno de los principales impulsores del desarrollo de Benalmádena, con la promotora Obra Andalucía construyó los complejos de apartamentos Diorama y Carola, fue propietario de varios locales de Puerto Marina -uno de sus principales proyecto como alcalde-, de una lavandería industrial y de la galería comercial Etesio, entre otros. Pero todas tenían cargas. Únicamente el hotel La Roca, construido por su padre, estaba libre y fue vendido en 1990 para hacer frente a la carrera de pagos. El episodio de Gibraltar supuso el comienzo de la ruina de Bolín, que perdió todas sus propiedades, incluida su vivienda particular, aunque su actual dueño, que se la adjudicó en subasta pública, le tiene concedido un usufructo. Bolín y sus colaboradores sostienen que los datos del RAI esgrimidos por el PP son "falsos", y ponen en entredicho la fiabilidad de la fuente, puesto que aseveran que los datos de este registro "sólo son borrados a petición de parte". Bolín lo tiene claro: "Lo perdí todo. Que me investiguen y así se podrá aclarar que todo es una calumnia". El alcalde incluso asevera que las deudas a las que tuvo que hacer frente eran muy superiores, hasta 3.000 millones de pesetas, y que todas quedaron saldadas en embargos "mucho antes de 1995". Aquel año, Bolín decidió volver a la política y montó la candidatura del Grupo Independiente de Benalmádena (GIB), apoyada por varios empresarios de la localidad. Consiguió ocho de los 21 concejales, por seis del PP, cuatro del PSOE y tres de IU. Las dos formaciones de izquierda ofrecieron la alcaldía al PP, pero éste rechazó el pacto. Durante un año, el PP participó con Bolín en el Gobierno municipal, pero las discrepancias fueron profundas. Un incremento salarial del 30% para los concejales fue la excusa con la que en septiembre de 1997 quedó roto el acuerdo de Gobierno, pero cuatro concejales del PP se rebelaron contra su formación y mantienen su colaboración con Bolín, a costa de ser expulsados del partido.

En la denuncia del PP se apuntan presuntas irregularidades en la gestión municipal. Principalmente, el trato privilegiado a una serie de empresas de personas vinculadas a Bolín, que estarían beneficiándose de las contratas de servicios y de recalificaciones de suelo y modificaciones al Plan General de Ordenación Urbana. El informe del PP, sin embargo, no es profuso en datos. Al revés, apunta una serie de "arbitrariedades" y sospechas que ahora el fiscal deberá decidir si son suficientes para iniciar una investigación. La principal trama descrita en la denuncia es la relación entre Bolín y el empresario Sebastián Carretero, propietario de un conocido restaurante de Puerto Marina y de la vivienda de Bolín. En la denuncia se asegura que la sociedad Cardibén, cuyo titular es Sebastián Carretero, facturó el pasado año 1.274 millones de pesetas al puerto deportivo, regido por una sociedad municipal presidida por Bolín y de la que Carretero es miembro del consejo de administración. Otra sociedad participada por éste y por el secretario del Ayuntamiento, Beocal, es propietaria del vehículo de la marca Jaguar que utiliza Bolín.

"Saneando su economía"

El PP concluye que el alcalde está "saneando su economía" a través de esta red de sociedades "amigas" que por un lado reciben un trato de favor del Ayuntamiento y por otro son soporte económico para Bolín a través de "sociedades superpuestas". Respecto a las modificaciones del PGOU, la denuncia destaca la permisividad con la empresa Frifor, promotora de las viviendas de Puerto Marina, a la que se ha permitido realizar obras "con una densidad notoriamente superior a la legal". Bolín asevera que se ha autorizado una planta de aparcamientos para paliar la carencia de estos que tiene el puerto.

El escrito se completa con alusiones a tres casos, denunciados en distintos juzgados. Uno de ellos se refiere a la orden que dio Bolín para retirar distintos enseres del negocio de la esposa de un empresario que licitó por una concesión de hamacas en la playa y que recurrió judicialmente su exclusión. Un segundo caso de un propietario de un bar que asegura que el Ayuntamiento le pidió dos millones de pesetas para poder obtener la licencia, y, por último, la retirada de una licencia de obras a un constructor que criticó un proyecto municipal en la emisora Costavisión.