PP e IU acusan a González de presionar al Constitucional por defender a Barrionuevo

El Partido Popular e Izquierda Unida criticaron ayer con dureza la decisión de Felipe González de actuar como abogado del ex ministro José Barrionuevo y del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera ante el Tribunal Constitucional. Ayer por la mañana, poco antes de que se presentaran, el ex presidente firmó los recursos de sus dos antiguos colaboradores contra la sentencia del Supremo que les condenó a 10 años de cárcel por el caso Marey. Tras "intentar presionar al Supremo, ahora se pretende trasladar esa presión al Constitucional", dijo el diputado popular Rafael Hernando.

El Coordinador de Comisiones del Grupo Popular, Rafael Hernando, afirmó que "no es lógico" que González actúe como letrado ante el Constitucional tras haber intervenido como jefe del Gobierno en el nombramiento de varios de sus miembros. Pablo Castellano, portavoz de IU en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, declaró que en el Constitucional "hay más de cinco magistrados que le deben mucho" al ex presidente. Los ciudadanos esperan que dejen claro que no se dejarán condicionar, agregó, ya que "la mujer del César, además de ser honesta, debe parecerlo".

La posibilidad de que la presencia de González influya en el ánimo del Constitucional fue descartada, sin embargo, por las asociaciones judiciales. "El hecho de que un ex presidente firme un recurso no va a darle más o menos peso del que tenga desde el punto de vista jurídico", dijo la portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, María Tardón.

"A los miembros del Constitucional les tiene que resultar indiferente quién firme el recurso, por que si no, no serían verdaderos juristas de reconocido prestigio", remachó José Luis Requero, de la Asociación Profesional de la Magistratura.

González firmó los recursos de Barrionuevo y Vera ayer por la mañana en su despacho de la sede del PSOE en la calle Gobelas de Madrid. El ex presidente estampó su firma junto a las de los dos abogados que hasta ahora han defendido en solitario al ex ministro y el ex secretario de Estado, Pablo Jiménez de Parga y Manuel Cobo del Rosal, respectivamente. A primera hora de la tarde, los procuradores de ambos condenados presentaron sus escritos en la sede del Constitucional, al que reclaman la suspensión cautelar de la sentencia hasta que se resuelvan los recursos, para evitar el ingreso en prisión. "No deja de ser sorprendente que el señor González se lance al ruedo de espontáneo cuando al toro del GAL ya se lo llevan las mulillas", ironizó el portavoz de Justicia del PP, Andrés Ollero. La decisión, agregó, es "tardía en relación con los afectados y perturbadora en relación con sus compañeros ".

Rosa Aguilar, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, calificó la decisión de González de "lamentable" y le acusó de "soberbia y prepotencia" por no haber esperado a que la Comisión del Estatuto del Diputado examinase su caso. No obstante, añadió que IU no se opondrá a que el Congreso autorice al ex presidente a compatibilizar el escaño con el ejercicio de la abogacía si cumple los requisitos, lo que dieron por sentado los portavoces de todos los demás grupos.

El portavoz del Grupo Catalán en el Congreso, Joaquim Molins, afirmó "comprender muy bien" la decisión de González, que consideró "más de contenido personal y humano que político". Por el contrario, Josep Sánchez Llibre, también de CiU, señaló que "puede plantear dudas a los ciudadanos, porque es difícil poder desligar los actos políticos de los judiciales" en una persona tan significada.

Luis Mardones, portavoz de Coalición Canaria, afirmó que la intervención del ex presidente es un error que no resulta conveniente para el Constitucional, que se encuentra en una situación precaria por el retraso en la renovación de cuatro miembros.

A excepción del candidato a la Presidencia del Gobierno, José Borrell, que cuestionó su acierto, los socialistas respaldaron la decisión de González, aunque desvinculándose de ella.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Luis Martínez Noval, aseguró que la intervención del ex presidente en los recursos de Barrionuevo y Vera es una "decisión personal, que "no involucra al PSOE en su conjunto".

La diputada socialista Amparo Rubiales señaló que se trata de un "acto de solidaridad que le honra", mientras que el presidente andaluz, Manuel Chaves, lo calificó de "totalmente respetable".