Vallejo avisa de que las obras hechas con el nuevo PGOU de Marbella corren riesgo de demolición
La Junta de Andalucía advertirá a entidades financieras, constructoras y consumidores del riesgo, incluso de demolición, que corren aquellos inmuebles que se edifiquen en Marbella con licencias del nuevo plan urbano (PGOU), que la Administración autonómica considera ilegal. El consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, destacó que la Junta "va a ir a por todas" en su contencioso con el Ayuntamiento, cuyo alcalde es Jesús Gil, y que está dispuesta, incluso, a modificar la actual legislación "para mantener la legalidad urbanística". Por su parte, el presidente de la Junta, Manuel Chaves desmintió ayer al alcalde de Marbella y aseguró que jamás habló con Gil sobre el PGOU.
Vallejo anunció que la Junta paralizará en los tribunales cuantas "licencias ilegales" conceda Jesús Gil para lo que recurrirá a la futura ley autonómica del Suelo "o a una modificación legislativa anterior, si es necesario". Dichos cambios normativos obligarían a los ayuntamientos a acatar las decisiones de las comisiones provinciales de urbanismo para impedir, como ha hecho el de Marbella, desobedecerlas y, menos aún, conceder licencias de construcción en zonas denegadas por dichas comisiones. La Junta recuerda a constructores y usuarios la normativa urbanística andaluza, les pide "su colaboración para que no se infrinja la ley" y les advierte de que la Administración autonómica será "contundente para demostrar su capacidad de mantener la legalidad en Marbella". "Les hago saber que no vamos a estar de brazos cruzados, que vamos a ir a por todas, a paralizar y a suspender licencias, y que si mañana alguien entra en una promoción (ilegal), que sepa que corre el riesgo de que haya una demolición, sin posterior indemnización por daños y perjuicios", apostilló. "Urbanismo razonable" Vallejo lamentó de que la actuación "al margen de la ley" de Gil ponga en peligro "20 años de urbanismo razonable en Andalucía y que ha conseguido un nivel de consenso extraordinario". Y agregó: "Llevamos 500 planes [de urbanismo] en Andalucía, a todos los grandes ayuntamientos les hemos denegado algunas cuestiones y todos lo han acatado y, desde luego, sabemos lo que se hizo en los años sesenta, y cómo se cargaron algunas ciudades turísticas para permitir que alguien vaya a intentar lo mismo". Por su parte, el presidente de la Junta negó haber garantizado a Gil que aprobaría el PGOU siempre que fuera respetuoso con la legalidad. El desmentido fue rotundo. "No he hablado en mi vida con el señor Gil del PGOU de Marbella, en mi vida", aseguró Chaves. El presidente advirtió además que no será posible un diálogo para desbloquear la situación hasta que el Ayuntamiento de Marbella no cumpla la legalidad. Manuel Chaves habló del asunto en un tono algo indignado y aseveró que por única y última vez se iba a referir a él. Tras el preámbulo explicó: "Solamente he tenido en mi vida una conversación con el señor Gil, fue en mi despecho, delante de otras personas y solamente hablamos de asuntos de fútbol y de televisión". Jesús Gil informó el pasado jueves en un comunicado que mantuvo una entrevista con Chaves en la que, según la versión del alcalde marbellí, éste se comprometió a aprobar el PGOU siempre que fuera respetuoso con la ley y que interpretó aquella conversación como un "pacto inequívoco". Chaves fue menos rotundo al referirse a los supuestos encuentros entre Jesús Gil y el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, sobre los que el Partido Popular ya ha pedido explicaciones a éste. "Creo que no, no conozco que haya hablado de este tema", dijo el presidente andaluz. Sí fue también rotundo el presidente al referirse al futuro de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella: "Habrá diálogo cuando se cumpla la ley, antes no es posible. La ley hay que cumplirla y punto". La advertencia era también una respuesta al presidente del Partido Popular en Andalucía, Javier Arenas, quien ha lamentado que el nuevo plan urbano de Marbella no se haya aprobado por falta de diálogo entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Chaves explicó que el problema de la revisión del PGOU es estrictamente de cumplimiento de la ley, que no existe ninguna confrontación ni de partidos ni institucional entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta. El presidente insistió en que la única salida es que Gil acate la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga que el pasado 20 de julio dejó en suspenso el plan.
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