Mariscal niega que Barrionuevo y Vera deban pedir perdón para los indultos

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, aseguró ayer en Málaga que no será necesario que los condenados por el caso Marey pidan perdón y asuman la sentencia como condición previa a plantear su indulto, tal y como sugirió el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, en una entrevista en TVE el domingo. Mariscal indicó: "Los indultos vienen absolutamente reglados: la petición, los informes del tribunal y de mi fiscalía y la valoración por parte del Gobierno. Nada más". Andrés Ollero, portavoz del PP en la comisión de Justicia del Congreso, afirmó ayer que el indulto "implica dar por sentado que se ha producido el delito y reconocerse como culpable".

Mariscal negó que el Gobierno tenga una postura "predeterminada" y aseguró su Ministerio elevará "en su momento" al Consejo de Ministros el informe "que corresponda" y que le parezca "más oportuno", pero no precisó cual será. "Todas las semanas llevamos entre 20 y 25 indultos por supresión de las penas de cárcel a los insumisos y entre 50 y 60 denegaciones", recordó Mariscal.

Antonio Romero, coordinador general de IU en Andalucía, admitió que todos los condenados tienen derecho a pedir el indulto, aunque se decantó porque los de Barrionuevo y Vera se estudien con detenimiento en los próximos meses como cualquier otro. El secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero, comentó que si finalmente se conceden esos indultos "quedaría en mala situación la actuación de la justicia". Requero reconoció que ambos tienen derecho a esa medida de gracia pero recomendó al Gobierno que tenga "en cuenta que se trata de hechos delictivos graves".

Por otra parte, cinco de los policías condenados por este caso presentaron ayer sus respectivos recursos de amparo de la sentencia en el Tribunal Constitucional. Así lo hicieron el ex comisario jefe de la Brigada de Información de Bilbao, Miguel Planchuelo, los inspectores Julio Hierro y Francisco Saiz y los agentes José Ramón Corujo y Luis Hens. El abogado de todos ellos alegó que sus clientes no habían tenido un proceso con todas las garantías.