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Editorial:

Desesperados sin papeles

Un buque mercante recogió ayer a una veintena de inmigrantes ilegales en peligro de naufragar cuando, procedentes del norte de África, intentaban ganar la costa española. Otros muchos han tenido menos suerte, y no pasa semana, sobre todo en verano, sin que lleguen noticias de nuevos naufragios y desapariciones. Aunque no existen cifras fiables, algunas fuentes estiman en no menos de un millar el número de víctimas en los últimos cinco años. Tiende a considerarse una tragedia inevitable. Lo inevitable es el flujo migratorio entre un continente dominado por las epidemias, la sequía y las guerras y la próspera Europa. Pero no lo es que ese flujo haya de producirse en las condiciones inhumanas que hoy se conocen: con la intervención de mafias criminales y sin las mínimas condiciones de seguridad. No está en manos del Gobierno español resolver "con voluntad política", como dicen algunas personas llenas de buenas intenciones, los graves problemas de subdesarrollo de África. Pero sí está obligado a acordar con Marruecos las medidas tendentes a combatir más eficazmente ese tráfico ilegal y a hacer todo lo posible para garantizar un trato humanitario a esas personas, reformando cuando sea preciso la legislación vigente al respecto.

El pasado jueves, el ministro del Interior se entrevistó con su homólogo marroquí. Es de suponer que Mayor Oreja exigiera a su colega mayor eficacia en el control de esas mafias y en la vigilancia de sus costas. Abundan los testimonios que prueban que tal control es muy superficial, pero no deberían desecharse las acusaciones marroquíes sobre españoles que también se benefician de ese tráfico ilegal: desde los constructores de pateras de Ceuta hasta supuestos patrones de pesqueros conchabados con los traficantes.

La supresión de las fronteras interiores entre los principales países de la Unión Europea tiene como contrapartida una mayor exigencia de control del perímetro exterior. España, como país fronterizo de la Unión, es responsable de evitar la entrada de inmigrantes ilegales. Pretender que dimita de tal responsabilidad es poco realista. Los países, incluido España, deben recibir y legalizar a los inmigrantes que sean capaces de integrar; pero eso no implica tratar como a delincuentes a los trabajadores ilegales -unos 100.000, según fuentes del Gobierno- instalados de hecho en España. De ellos, algo más de la cuarta parte, 28.000, podrán legalizar su situación este año, obteniendo el permiso de trabajo, de acuerdo con el cupo establecido por el Gobierno. Las asociaciones de inmigrantes han denunciado que el círculo vicioso de la no concesión del permiso de residencia sin un contrato de trabajo es utilizado por algunos empleadores para imponer condiciones laborales abusivas. El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, acaba de mostrarse favorable a una actualización de la Ley de Extranjería, que es de 1985, y de hecho ya existe una propuesta de CiU en tal sentido.

En contra de lo que sostiene cierta opinión mal informada, esos trabajadores no disputan empleos a los nacionales, sino que ocupan aquellos que los españoles no aceptan. Pese a ello, no faltan episodios de racismo como el brutal apaleamiento, esta misma semana, de un ciudadano africano en la localidad barcelonesa de Sant Feliu de Codines. En el extremo opuesto cabe reseñar la manifestación convocada mañana en la localidad murciana de Totana en protesta por la amenaza de expulsión contra una parte de los cerca de quinientos trabajadores ecuatorianos instalados en la localidad, por carecer de los papeles correspondientes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de agosto de 1998