Sólo el 17% de hogares sigue el Plan de Residuos a los ocho meses de implantarse

Madrid - 16 ago 1998 - 00:00CEST

Ocho meses después de su entrada en vigor, el Plan de Residuos Sólidos Urbanos, el proyecto estrella de la Consejería de Medio Ambiente para toda la legislatura, avanza con el freno puesto. El proyecto autonómico implica que los hogares madrileños dispongan de dos bolsas de basura, una para los desperdicios orgánicos y la otra, de color amarillo, para envases usados de plástico, brik y metal. Pero los esfuerzos políticos y propagandísticos que la Comunidad de Madrid ha llevado a la práctica desde el pasado mes de enero no han sido suficientes para persuadir a los municipios más poblados de que se sumen al plan. Medio Ambiente presume de que 150 de las 179 localidades madrileñas (el 84% del total) ya separan sus basuras y las depositan en contenedores diferenciados, y es cierto. Pero a ese cálculo se le puede dar la vuelta con notable facilidad. Si se atiende al número de habitantes afectados por el plan, el resultado final es completamente opuesto: sólo 709.479 vecinos de la región tienen contenedores amarillos en sus calles.

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Madrid capital no se quiso integrar, por sus dimensiones, al plan de Mayor Oreja. En cualquier caso, ya hay unos 125.000 capitalinos (Moratalaz y una pequeña parte de Fuencarral) que también separan los envases, aunque el destino de esos desechos sea diferente: Madrid vierte en Valdemingómez, y la Comunidad, en Pinto. Al final sucede que sólo 835.000 de los cinco millones de madrileños llevan a la práctica el sistema: el 16,6% del total.

¿Por qué el plan no acaba de arrancar? Sobre todo, por las complejidades presupuestarias que encierra su aplicación, pero también por una sorda batalla política que dirimen, de forma nunca abiertamente confesa, el Ejecutivo autonómico (PP) y los grandes municipios del Sur y del Corredor del Henares, gobernados en su mayoría por coaliciones entre el PSOE e IU.

La estrategia de los dos bandos permanece inmutable: la Comunidad dice que los municipios pueden asumir la recogida y anuncia fichajes relevantes entre los díscolos, como Alcorcón, Alcalá y San Fernando de Henares; la otra parte niega la mayor y acusa a la Administración autonómica de presiones muy poco elegantes entre los alcaldes. PASA A LA PÁGINA 3

Abocado al fracaso

El PSOE estima que implantar el plan en una ciudad como Fuenlabrada cuesta 200 millones

El estancamiento del Plan de Residuos se ve de forma muy distinta desde la oposición regional y los grandes municipios que aún no lo han desarrollado. El portavoz parlamentario del PSOE en temas medioambientales, Armando García, subrayó que la separación de plásticos, metales y briks les costaría mucho dinero a las poblaciones de mayor tamaño. "Todos los ayuntamientos están muy deseosos de poner en marcha las bolsas amarillas, pero la transformación de la recogida de basuras, en una ciudad del tamaño de Fuenlabrada [164.000 habitantes], se dispara hasta los 200 millones de pesetas. Eso no se puede consentir. Mientras no haya acuerdo con los ayuntamientos del sur y del Corredor, el Plan no es integral y está abocado al fracaso", relató. Pero la cosa no acaba ahí. Armando García aseguró que la consejería está presionando con estrategias nada diplomáticas a los municipios pequeños ("con los grandes no se atreven", remarca) para que se adhieran a toda costa al doble cubo, el doble contenedor y las bolsas amarillas. "Conozco a alcaldes a quienes les han dicho: o te sumas al plan o no te va a llegar el dinero del Plan de Inversiones. Es muy triste, pero es así", enfatizó. Las inversiones en las localidades madrileñas se gestionan a través de Desarrollo Regional, la otra mitad de la Consejería de Medio Ambiente. Mayor Oreja negó de plano que estas presiones se hubieran producido en ningún caso. "Emplazo a que un solo alcalde del PSOE salga del anonimato y diga eso", exclamó, desafiante. Otro elemento muy activo en la oposición al Plan de Residuos, tal y como se encuentra en la actualidad, es el presidente de la comisión de Medio Ambiente en la Federación Madrileña de Municipios y concejal del área en Fuenlabrada, el socialista José Sánchez Luque. A su juicio, la cifra que ofrece la Comunidad para financiar el sobrecoste es muy escasa. Medio Ambiente suscribió un convenio con la firma Ecoembalajes de España (Ecoembes) por el que esta entidad paga a los ayuntamientos una media de 22,4 pesetas por kilo recogido en los contenedores amarillos. Sánchez Luque eleva sus exigencias hasta las 35 pesetas. Y enfatiza: "En Cataluña acaban de firmar el convenio por 34 pesetas, así que vamos a dejarnos de leches. Lo que sucede es que a la Comunidad no le interesa sacar esto adelante".

El acuerdo con Ecoembes se concreta en función del tamaño de cada localidad: 21,5 pesetas por kilo para las mayores de 100.000 habitantes, 24,4 en el caso de sumar entre 10.000 y 100.000 habitantes, 27,6 si en el municipio residen entre 2.000 y 10.000 personas, y así sucesivamente. En su defensa, Mayor Oreja esgrime un informe de la CarlosIII, según el cual este cálculo está bien hecho.

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