El PP lleva a la fiscalía a Bolín, que ha pagado 1.437 millones de deudas personales en tres años de alcalde

El Partido Popular (PP) pretende que la fiscalía anticorrupción abra una investigación sobre actividades presuntamente ilícitas del alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín. A tal fin, los populares entregarán mañana lunes al fiscal un informe en el que se ponen de manifiesto supuestos casos de tráfico de influencia y cobros de comisiones, así como el enriquecimiento del alcalde, que en tres años ha conseguido saldar una deuda de 1.437 millones de pesetas. Según los populares, la reducción del déficit personal se podría haber financiado a través de empresas constructoras y de hostelería.

Según ha sabido EL PAÍS, en el informe se citan una serie de sociedades dedicadas a la construcción y la hostelería que mantienen una privilegiada relación con el Ayuntamiento de Benalmádena y que a su vez estarían sirviendo como fuente de financiación al alcalde de la ciudad. En la propiedad de estas sociedades aparecen algunos altos funcionarios del Ayuntamiento y miembros de consejos de administración de empresas municipales. Una de las sociedades acusar de mantener una relación privilegiada con el Ayuntamiento es propietaria de la vivienda en la que habita el alcalde de Benalmádena. El principal argumento que el PP plantea a la fiscalía es cómo Bolín ha conseguido saldar en los tres años que lleva de alcalde una deuda de 1.437 millones de pesetas. Esta cantidad constaba en 1995 como reclamaciones de acreedores a Bolín en el Registro de Actividades Industriales, organismo que en mayo de 1998 certificó que las deudas habían desaparecido. En estos tres años, Bolín no ha tenido más ingresos declarados que su sueldo como alcalde. El PP además aportará documentación sobre un embargo al alcalde de la Tesorería de la Seguridad Social por importe de 14 millones de pesetas, más otra orden de embargo solicitada por el ex presidente local del partido Luis Fernández para satisfacer una indemnización de 10 millones de pesetas. Este último caso se remonta al episodio que Bolín protagonizó en Gibraltar en el verano de 1989, cuando fue detenido en posesión de droga. Bolín, entonces alcalde de Benalmádena por el PP, acusó a Fernández de blanquear dinero procedente del tráfico de drogas, y éste presentó una querella por injurias que se resolvió con la condena al pago de una indemnización de 10 millones de pesetas. En el informe del PP se relacionan además algunas denuncias presentadas en los juzgados por particulares de Benalmádena en las que acusan al Ayuntamiento gobernado por Bolín de exigirles el pago de comisiones para obtener licencias de obras. Estas actuaciones, según el PP, contrastan con el trato que reciben algunas constructoras locales a las que se les está permitiendo incrementar los volúmenes de edificabilidad contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad malagueña. El PP quiere llevar también el asunto hasta el Parlamento de Andalucía, donde presentará una proposición para que el Tribunal de Cuentas realice una auditoría del Ayuntamiento de Benalmádena y de la contabilidad del Grupo Independiente de Benalmádena (GIB) en la campaña electoral de las municipales de 1995 que supusieron el retorno de Bolín a la alcaldía.