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Editorial:

Gil declara la guerra

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella ha puesto de manifiesto las dudas de todo sistema democrático para convivir con alguien de ideas y maneras tan peculiares en el mundo de la política como Jesús Gil, que ha optado por el enfrentamiento directo con la autoridad legítimamente constituida, en este caso la Junta de Andalucía.Los hechos son los siguientes: tras seis años de trámites, en los que el Ayuntamiento de Marbella ha firmado más de doscientos convenios para urbanizar suelo no previsto en el planeamiento vigente de 1986, la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga, organismo dependiente de la Junta, decidió el pasado 20 de julio dejar en suspenso el PGOU. Aunque el grueso del plan fue aprobado, no pasó su parte más polémica, que implica la reconversión de zonas verdes y la urbanización de 11 millones de metros cuadrados de suelo forestal afectado por incendios, lo que está prohibido por la Ley Forestal de Andalucía. Por ello, la Junta pidió a Gil que hiciera las oportunas correcciones.

Pero no es Gil persona acostumbrada a que otros le enmienden la plana. Pocos días después afirmaba que su objetivo "ahora es Chaves". El alcalde marbellí cree que el presidente andaluz "se ha convertido en cómplice de los comisarios políticos" que le persiguen. Porque Gil no tiene empacho en ver el mundo como una película de buenos y malos: los que aprueban todas sus decisiones son sus amigos. El resto, sus enemigos. Por ello, hay que declararles la guerra, y el siguiente paso, amenaza Gil, es plantarse ante el palacio presidencial de San Telmo, en Sevilla, acompañado de nada menos que 25.000 marbellíes.

Paralelamente a la guerra callejera, Gil ha recurrido la decisión de la Junta, ha interpuesto una querella por prevaricación contra sus miembros y, lo más sorprendente, ha celebrado un pleno para la aprobación definitiva del PGOU sin introducir las modificaciones requeridas. El pleno se celebró minutos después de las cero horas del jueves día 6. Gil argumentó silencio administrativo por parte de la Junta y su grupo, mayoritario en el Ayuntamiento, aprobó el polémico plan.

No defraudó el alcalde en el pleno nocturno, y los asistentes pudieron disfrutar -o llevarse las manos a la cabeza- ante la actuación de un Gil en estado puro, con insultos sin cuento contra la portavoz socialista, mientras el público afín coreaba sus ocurrencias. Pero el hecho concreto es que la confusión es tal que ciudadanos y promotores inmobiliarios pueden preguntarse hoy si son legales los edificios que se construyen o si serán derribados por orden judicial, en un futuro más o menos cercano, los inmuebles ya adquiridos.

La Junta planteó ayer un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Andalucía, instándole a adoptar una resolución rápida que evite efectos difícilmente reparables. La Junta ya había impugnado otras licencias de obras concedidas por el alcalde que incumplían el planeamiento urbanístico vigente. Hasta ahora, los jueces han negado la petición de paralización cautelar de las mismas, y la Administración autónoma ha hecho constar en el registro la posible contingencia de que finalmente sean declaradas ilegales para que los posibles compradores sepan a qué atenerse. Gil, que conoce el secular retraso de la justicia, ha anunciado que seguirá concediendo licencias, y afirma que una de ellas será efectiva en los próximos días para la construcción de un rascacielos en Puerto Banús.

¿Qué hacer ante un caso como éste? Tan sólo confiar en los tribunales y en el buen sentido de promotores inmobiliarios y compradores. Arriesgarse a construir o a comprar un apartamento o chalé de dudosa legalidad tiene sus riesgos. Por otro lado, es indudable que el lado bueno de la moneda Gil es que ha recuperado una ciudad que hace unos años se apagaba. Marbella es hoy una población pujante y ciertamente más segura. Pero ese brillo no debe obtenerse violentando la ley.

Todo ello parece evidente. Pero no es seguro que sea tan obvio para un alcalde como Gil, empeñado en inventarse reglas de juego que en ocasiones chocan frontalmente con las normas democráticas más elementales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de agosto de 1998