El Tribunal Superior ratifica la orden de desalojo de dos familias gitanas

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó ayer la petición de dos familias portuguesas de etnia gitana, que viven en un aparcamiento en Mondragón (Guipúzcoa), de paralizar la orden de desalojo de la zona en la que se encontraban residiendo. El alto tribunal ha impuesto las costas del proceso a los recurrentes. El Ayuntamiento de Mondragón se ha negado a inscribir en el padrón municipal a las 10 peronas que malviven en dos viejas camionetas. SOS Racismo ha presentado una querella por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) contra el alcalde, el peneuvista José María Loiti, por dictar órdenes a sabiendas que son ilegales. Los recurrentes pidieron al máximo tribunal vasco que suspendiera cautelarmente la orden de desalojo acordada por el gobierno municipal. Sin embargo, la sala considera que la medida carece de objeto, ya que inicialmente las 10 peronas se encontraban viviendo en un aparcamiento público que se les ordenó desalojasen y se instalaron en otra zona del municipio. El Ayuntamiento dictó una nueva orden en la que se les requería que abandonasen la vía pública. La representación de las familias gitanas afirma que la orden de desalojo no fue dada por el alcalde como sería procedente, que el acuerdo de la comisión de gobierno no estaba motivado y que no se había oído a los afectados. Las dos familias se instalaron ayer en otra zona del municipio. Querella Esta misma semana, el Juzgado de Instrucción número 1 de Bergara admitió a trámite la querella que interpuso SOS Racismo contra Loiti. El auto de apertura de diligencias cita a declarar para el próximo 4 de septiembre a la presidenta del departamento de Bienestar Social, la concejal socialista Blanca Roncal, y al jefe de Servicios Sociales. Los denunciantes aseguran que Loiti está manteniendo una actitud discriminatoria y que ha despreciado en varias ocasiones los derechos de esas personas. Con respecto a esa acusación, el alcalde dijo que "cuando se hace una denuncia de este tipo hay que estar convencido de que se tiene razón". Loiti justifica su negativa a facilitar la inscripción en las listas del municipio alegando que "no procede el empadronamiento a unas personas en unas furgonetas aparcadas en la vía pública cuando el Ayuntamiento no está autorizando dicho asentamiento o lo está prohibiendo expresamente". La legislación señala que "las infraviviendas [chabolas, caravanas, cuevas, e incluso la ausencia total de techo] pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón, ya que en ocasiones es así". El alcalde ha mantenido: "Hay distintos interpretaciones de la legislación y nosotros estamos interpretando la que es mejor para el pueblo de Mondragón. Y sin cometer ningún delito de racismo". Ambas familias, que llegarómn a Mondragón en 1991, malviven en las camionetas sin agua ni luz.