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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Fuego a debate

El Parlamento catalán ha abierto por primera vez en vacaciones para discutir la política contra incendios del Gobierno de Pujol. No ha sido la única diferencia con respecto a otros plenos sobre la misma cuestión. En 1994, cuando el fuego arrasó más de 60.000 hectáreas de arbolado, CiU aplicó su mayoría absoluta para felicitarse en el Parlamento por su política forestal. Cuatro años después, CiU ha aprendido que debía ser más humilde políticamente, pero la repetición de la tragedia demuestra que no aprendió aquella lección de fuego. Esta semana, sin mayoría absoluta, ha tenido que aceptar las 57 resoluciones propuestas por el PP, quedando claro quién garantiza la estabilidad del Gobierno nacionalista.A cambio, CiU, con la connivencia de los conservadores, ha podido frenar la reprobación global a su política forestal que proponía la oposición de izquierdas. Para ésta, no se trataba de discutir sólo si los movimientos de los bomberos en pleno desastre -26.000 hectáreas quemadas- fueron los más convenientes, sino la política del Gobierno nacionalista sobre el territorio. El que CiU diera la voz en el debate a los consejeros de Agricultura y Gobernación, con un Pujol silente en su escaño, no impidió que el pleno fuera más allá de un análisis sectorial sobre política forestal o antiincendios y se examinara críticamente el modelo de Gobierno de Pujol. CiU reaccionó a los incendios de 1994 como si fuera un susto, sin modificar sustancialmente su política forestal a largo plazo. Ahora se han aprobado medidas quinquenales por un importe de más de 15.000 millones, destinados a indemnizaciones y política forestal.

Mientras el responsable de Agricultura, Francesc Xavier Marimon, planteó una intervención defensiva que irritó a la oposición por su triunfalismo, el titular de Gobernación, Xavier Pomés, hizo un discurso más documentado y autocrítico. Evitó, por ejemplo, descargar la responsabilidad en el hecho, comprobado, de que el origen del fuego estuvo en dos pirómanos ahora encarcelados. La Generalitat tiene desplegado un sistema de detección de incendios que se muestra eficaz en su extinción, siempre que pueda atacarlos en sus inicios. Sin embargo, como reconoció Pomés, la Administración catalana tendrá que corregir los planes para sofocar los grandes fuegos, donde los fracasos son trágicamente visibles. Pomés agradeció la solidaridad de otras administraciones -locales, autonómicas y central- en el operativo de julio y tuvo que escuchar desagradables críticas a los mossos, que merecieron una comparación mordaz con la Guardia Civil de la misma Esquerra Republicana. El desastre evidenció que no está resuelta la coordinación entre los distintos cuerpos que actúan contra el incendio en un ambiente de tensión y que no está definido el papel de los alcaldes en estas contingencias. Por otra parte, las estadísticas comparativas dejan en mal lugar tanto la modernidad del equipamiento como la estructura de los equipos humanos. Mientras en Alemania o Francia la proporción entre bomberos profesionales y voluntarios es de uno a diez, en Cataluña existen 1.600 bomberos y 1.800 voluntarios mal equipados.

El debate suscita reflexiones generalizables. No se trata únicamente de revisar con urgencia las tácticas antiincendios cuando el fuego se enseñorea de un bosque. Como se dijo en el debate, los incendios forestales se apagan en invierno. La peor chispa es el abandono de la tierra. Los agricultores y los industriales forestales, sin alicientes, abandonan sus cultivos -que funcionan como cortafuegos naturales- donde el bosque crece a su costa, o no explotan su propiedad. En estos bosques descuidados, desaparecen, por ejemplo, muchos caminos que, el día de la desgracia, son básicos para la aproximación de los equipos extintores, o se pierden puntos de agua que antes estaban localizados. Una política de prevención de incendios pasa también por la tutela constante de este patrimonio: promoviendo condiciones razonables de explotación y, donde ello no sea posible, no fiándose de la naturaleza, interviniendo sobre ella, como pudiera hacer un jardinero, para poder seguir disfrutando de sus beneficios paisajísticos y medioambientales.

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