Los efectos de la movida incontrolada generan tensión en El Puerto ante la pasividad municipal

"Lo que esperamos son soluciones dialogadas, que eviten males mayores". Ésta es la advertencia hecha ayer por María del Carmen Sánchez, la portavoz de un colectivo vecinal de El Puerto de Santa María (Cádiz) que representa los intereses de unas 200 familias afectadas por la movida indiscriminada. Son residentes en las viviendas colindantes a la plaza de toros de la ciudad, donde en las madrugadas de los fines de semana se aglutinan miles de jóvenes, unos 7.000 según la estimación del alcalde Hernán Díaz Cortés (Independientes Portuenses), que abren los capós de sus vehículos para pasar la noche en compañía de una copa y haciendo demostración de la potencia de sus equipos de música. Esta actividad degenera en lo que un portavoz vecinal ha calificado como "actitudes sin pudor de las chicas" y provoca tras la concentración "un fuerte olor a orina en las inmediaciones de nuestras viviendas al amanecer". Los inquilinos explican que en los dos últimos fines de semana se han llegado a producir enfrentamientos verbales entre los concentrados y algunos vecinos exasperados por la situación que reclaman su porcentaje de descanso y de seguridad en su entorno. La portavoz vecinal aseguraba ayer que "no vamos contra los jóvenes, pero sí a favor de nuestros derechos ciudadanos". La denuncia de estos hechos ante el Ayuntamiento no ha servido de momento para nada. Los residentes mantienen que el alcalde sólo les ha ofrecido como alternativa la posibilidad de mudarse al extrarradio, ya que al ser El Puerto una ciudad turística "éste es un coste que tenemos que soportar". Según Díaz Cortés, el Ayuntamiento carece de armas legales para amortiguar los efectos de la movida y en declaraciones a los medios locales pasó la patata caliente "a los legisladores, que deben definir leyes para atajar el problema". La pasividad municipal y la desesperación de los vecinos les condujo el pasado fin de semana a pasar a la acción. Unas 250 personas afectadas se concentraron en la noche del pasado sábado en las puertas del chalé del alcalde de El Puerto, "para simular una concentración de denuncia", y en este caso sí que hubo respuesta de las autoridades. Un policía local se encargó de anotar la matrícula de los vehículos de los vecinos concentrados, como medida coercitiva. El alcalde ha anunciado la posibilidad de denunciar a los vecinos por invasión de la vía pública y por arrojar basura a la calle. Esta "salida hacia adelante" municipal ha venido, para los vecinos, a demostrar que "sí existen medidas contra la movida, cuando se tiene voluntad de aplicarlas". La queja vecinal ya ha llegado a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. Éste declaró ayer que "ya hemos pedido un informe al Ayuntamiento sobre estos hechos y estamos a la espera de recibirlo. Una vez que lo conozcamos veremos qué recordatorio legal hay que hacer al municipio". El Defensor reconocía que el de la movida es uno de los "graves problemas sociales con el que nos enfrentamos hoy en toda Andalucía", a la vez que recordaba que "no se puede tolerar una situación en la que los vecinos no puedan descansar como consecuencia de la movida". Para Chamizo, la solución debe pasar por "una decidida voluntad de diálogo entre las partes implicadas" e hizo un llamamiento a los ayuntamientos para "buscar alternativas que permitan a unos divertirse y a otros descansar" aunque recordaba que "existen actuaciones legales recogidas en las actuales normativas que permiten a las policías locales controlar las concentraciones ciudadanas, aunque las soluciones definitivas pasen por el diálogo y la negociación". La Oficina del Defensor recordaba ayer otros casos en los que la solución más satisfactoria ha pasado por el traslado de la movida al extrarradio de los núcleos urbanos, "de forma que se respeten los intereses de todos".