El Gobierno tiene pendientes 170 casos en la Sala de lo Contencioso con las demás administraciones

El Gobierno vasco tiene en la actualidad pendientes 170 recursos en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por pleitos con las distintas administraciones públicas. Estos casos son una mínima parte de los casi 6.000 que recibe la jurisdicción contenciosa vasca, que cuenta con tres salas y nueve magistrados para resolverlos. El resultado: una media de tres años y medio en recibir el fallo y un colapso en la resolución de los recursos que ayuntamientos, diputaciones y Ejecutivo confían que solvente la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-administrativo del pasado 14 de julio, que se pondrá en marcha el próximo mes de diciembre.

El habitual retraso de la Justicia tiene en los tribunales de lo Contencioso-administrativo su ejemplo más diáfano: cualquier particular que se sienta agraviado por una Administración pública y quiera litigar contra ella ha de tener claro que antes de tres años, por lo menos, no se va a resolver su caso. Pero las administraciones también pleitean entre sí. Aunque los asuntos se lleven con la tranquilidad que ofrece lo público, la tardanza en la resolución de los pleitos exaspera también a los abogados de las instituciones: "La creación de los juzgados de lo Contencioso-administrativo en las audiencias provinciales era algo imprescindible, sino se quería llegar al colapso de esta rama de la Justicia", reconoce Pedro Goti, letrado jefe del Ayuntamiento de Vitoria. Los 170 casos que tiene abiertos en la actualidad el Gobierno vasco, ya sea como recurrente, ya como recurrido, codemandado o coadyuvante, son de diversa índole, aunque en su mayor parte (un 65%) han sido promovidos por los Ayuntamientos de la comunidad contra el Ejecutivo de Vitoria. Las materias objeto de recurso abarcan desde la fijación de justiprecios en expropiaciones o los pleitos relativos a las normas de urbanismo de los distintos ayuntamientos a la autorización de espectáculos o el pago de distintos tributos. En este último apartado es donde tiene cabida el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), caballo de batalla entre Osakidetza y aquellos municipios en que se ubican sus centros sanitarios. Recursos sobre el IBI Los consistorios de Vitoria, Mondragón o Zumárraga llevan varios años interponiendo recursos contra el Ejecutivo a cuenta de este asunto. El de la capital alavesa tiene en trámite los correspondientes al IBI de 1995, 1996 y 1997, aunque la Sala de lo Contencioso-administrativo ha dado la razón a los recursos del Ejecutivo con respecto a los años precedentes por considerar que con las transferencias de la Seguridad Social, la comunidad autónoma asumió todas las facultades y derechos que pueden recaer sobre los inmuebles correspondientes, excepto su titularidad, que continúa a nombre de la Seguridad Social. En este asunto del pago del IBI, el equipo de abogados de la corporación vitoriana tiene otro frente abierto con la Delegación del Gobierno y la residencia del Delegado: en espera de resolución están los pleitos interpuestos en 1995, 1996 y 1997 para que estas dos sedes del Ejecutivo central paguen los tributos de dichos años. En los últimos años, los ayuntamientos están embarcándose en pleitos contra sociedades públicas o semipúblicas a cuenta de la acometida de la red de telecomunicaciones: el consistorio vitoriano, por ejemplo, ha interpuesto un recurso contra Radio Vitoria (dependiente de EITB) a causa de la ocupación del dominio público municipal por el cableado. Según el letrado Pedro Goti, "los trabajos de implantación de las nuevas telecomunicaciones van a suponer un nuevo enfrentamiento judicial entre administraciones". Otro asunto que enfrenta a los ayuntamientos de las grandes ciudades y el Gobierno vasco es el precio de los servicios públicos. Los consistorios de Bilbao y Vitoria han recurrido las resoluciones de la Comisión de Precios de Euskadi respecto a los cambios en el precio de sus transportes públicos. Las diputaciones pleitean menos con el Gobierno vasco, a tenor de los datos ofrecidos por el propio Ejecutivo. Suelen ser asuntos referidos a urbanismo, como el que enfrenta al Gobierno con la Diputación de Vizcaya por sus normas provisionales de evaluación de impacto ambiental por actuaciones agropecuarias y forestales. O los que mantiene con la Diputación guipuzcoana a cuenta del Plan de Ordenación Urbana de San Sebastián.