Bruselas aprueba nuevas condiciones para faenar en aguas del Reino Unido

La Comisión Europea apoya las medidas que piensa promulgar el Reino Unido para limitar a los armadores españoles y holandeses la pesca en sus aguas con barcos de bandera y licencia británicas. La comisaria de Pesca, Emma Bonino, cree que dichas medidas respetan "la proporcionalidad y las decisiones del Tribunal de Luxemburgo", al estimar qué condiciones deben darse para cumplir el "vínculo" entre la pesca y su repercusión en beneficio de las poblaciones pesqueras del Reino Unido, según su portavoz.

La posición de Bruselas es fruto de las enormes presiones ejercidas por Londres, que llegaron a su punto máximo con la llegada al poder del primer ministro laborista Tony Blair y se tradujeron en una carta firmada por el presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, en apoyo de las tesis británicas en este conflicto, en el verano de 1997.Ese apoyo se ha plasmado en una sigilosa pero efectiva negociación entre Londres y Bruselas, con un acuerdo entre ambas partes rubricado el 29 de julio mediante una carta remitida por la comisaria de Pesca, Emma Bonino, al Gobierno de su Graciosa Majestad.

En esa carta, la comisaria Bonino confirma que los técnicos de Bruselas consideran ajustada al derecho comunitario la normativa que prepara Londres.

La nueva normativa, que entrará en vigor el 1 de enero próximo, fue adelantada ayer ante el Parlamento británico por el responsable de Pesca, Nick Brown.

La nueva ley exige que cualquier armador no británico deberá cumplir al menos una de las siguientes condiciones para tener derecho a pescar en el Reino Unido con barcos que operan con licencias británicas:

Que al menos el 50% de las capturas sean depositadas en el Reino Unido.

Que al menos el 50% de la tripulación resida normalmente en la costa británica.

Que las operaciones de pesca supongan un gasto determinado en bienes y servicios en el Reino Unido.

O que exista un vínculo económico real que combine los tres primeros factores.

Sentencia favorable

La nueva ley británica se promulgará a pesar de que el Tribunal de Luxemburgo ha sentenciado el derecho de los armadores españoles a pescar en aguas británicas con licencias compradas a armadores del Reino Unido y ha impuesto al Gobierno de Londres multimillonarias indemnizaciones por haberlo impedido durante años.Londres se ampara, sin embargo, en que esas sentencias confirman la exigencia de un "vínculo económico" entre la actividad pesquera y las poblaciones costeras en las que están oficialmente asignadas las licencias de pesca, aunque el tribunal no precisa cuándo se cumple ese vínculo.

A pesar del apoyo de Bruselas, la nueva ley británica puede ser denunciada por España ante el Tribunal de Luxemburgo si el Gobierno llega a la conclusión de que vulnera las normativas del mercado interior comunitario.

Las pretensiones británicas fueron estimadas ayer como "un disparate" por Margarita Maiza, gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Sociedades Conjuntas e Internacionales (ANASCO), que reúne a las empresas mixtas pesqueras afectadas por la medida, informa Primitivo Carbajo. "No nos oponemos a tener un vínculo económico con el Reino Unido, pero el Reino Unido no puede decidir por sí solo la entidad de ese vínculo", precisó Maiza.

A su juicio, las condiciones que se plantean a los armadores españoles rompen el esquema de actividad de las empresas, les supone una elevada pérdida económica y, lo más importante, rompen drásticamente la libertad de mercados.

"Además, esas opciones no son equivalentes entre sí, son incoherentes, disparatadas", señaló Maiza, que expresó su temor a que en un futuro próximo otros países comunitarios apliquen medidas similares a las que prepara el Gobierno de Tony Blair, "con lo que estaríamos ante un cierre de acceso a los recursos; tendríamos entonces que acudir de nuevo a los tribunales".