La juez declara fraudulenta la quiebra de la Caja de Crédito de Alcoy

El abogado de los afectados, Moisés Vicens, interpretó ayer que esta resolución judicial viene a confirmar que "el crac de la Caja de Crédito de Alcoy no ha sido una cosa fortuita ni una cuestión económica, sino que ha sido causa de la negligencia y conducta irregular de los directivos de la caja". Desde el punto de vista procesal esta calificación de la quiebra como fraudulenta abre la puerta a que se inicie un proceso penal y que se depuren posibles responsabilidades penales entre sus causantes. Las penas podrían ascender hasta un máximo de seis años de cárcel, según el nivel de participación en las supuestas irregularidades. Por contra, la sentencia no aporta ningún aspecto económico en lo referente al cobro directo por parte de los acreedores de la caja pero "abre caminos" para que pidan "la responsabilidad directa de los directivos de la caja", según avanzó el letrado. Otro de los pasos que se seguirán será la "organización de cuantos créditos integran la morosidad de la caja para recuperar el máximo posible y que a los afectados les sean repuestos sus depósitos", explicó Vicens. Según el letrado, se han contabilizado alrededor de 320 morosos con un montante de deuda que supera los 650 millones de pesetas. Privados de sus ahorros El conflicto de la Caja de Crédito de Alcoy comenzó el 23 de julio de 1993, día en que se decretó la suspensión de pagos de la entidad. Cerca de 1.500 personas se vieron privadas de sus ahorros, dado que esta caja no estaba adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de las Cooperativas de Crédito. A continuación, un grupo de acreedores, que representaban el 70% del capital pasivo de la entidad con 404 millones de pesetas, iniciaron la demanda de su dinero tras inscribirse en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana como Afectados de la Caja de Alcoy. A este trámite siguieron una ola de protestas y manifestaciones protagonizadas por los afectados. En octubre de 1994 el colectivo de acreedores albergó la esperanza de recuperar sus depósitos al conocer la inclusión de una partida en los presupuestos de la Generalitat para los ejercicios de 1995 y 1996 destinada a financiar el plan de racionalización del sector de crédito cooperativo. Este programa de la Generalitat hacía posible la recuperación de un 50% de los depósitos retenidos a través de ayudas aprobadas por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Pero los afectados no pudieron acceder a estas ayudas hasta este año. En diciembre de 1997 se hizo oficial el proceso administrativo aprobado por la consejería de Economía y Hacienda por el cual los acreedores de la Caja de Crédito de Alcoy han comenzado a recuperar el 46% de sus depósitos.